La Corte Constitucional estudia la demanda que dio un plazo de seis meses para regular el transporte de lujo en la modalidad individual de pasajeros y los servicios que se hacen a través de aplicaciones tecnologías como Uber.
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La entidad judicial analiza una demanda, interpuesta por el ciudadano Luis Francisco Millán, quien critica que el plan no especifique si esa regulación incluye las aplicaciones como la que maneja la plataforma o solo está destinada para los taxis de lujo.
El artículo demandado hace parte de la Ley 1753 del 2015, que indica que el Gobierno se encargará de impulsar modelos para la gestión de la movilidad en las ciudades, en donde se contemplen alternativas que sirvan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, según reseña el periódico El Tiempo.
El mejoramiento incluye la reducción del tiempo de desplazamiento, el uso eficiente de recursos y la promoción de transportes limpios, así como el uso de tecnologías que sirvan para gestionar el tráfico.
Según el demandante, esa norma restringió la potestad regulatoria que tiene el Gobierno, no solo por imponer un tiempo sino porque también indicó cómo debía ser la misma regulación, «en contravía de la libertad de locomoción y la libre competencia».
Igualmente, Millán asegura que se desconoció la igualdad de oportunidades en la prestación del servicio público y el derecho a elegir con quién transportarse.
La demanda tiene plazo de ser fallada hasta el 29 de marzo.
Uber, que llegó a Colombia a finales de 2013, ha tenido gran acogida en ciudades como Bogotá, donde numerosos usuarios se quejan de la calidad del servicio de los taxis tradicionales.
