El sacerdote William de Jesús Mazo Pérez fue hallado culpable de abusar sexualmente de cuatro menores de edad en el oriente de Cali 2009, hecho por el que fue condenado a 33 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad en los hechos ocurridos en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, del barrio Alfonso Bonilla Aragón.
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Sin embargo, además del aberrante hecho del abuso de menores, la opinión pública nacional quedó estupefacta al conocer uno de los argumentos de la defensa de la Arquidiócesis de Cali, a cargo del abogado Walther Collazos:
“¿Se actuó con el sumo cuidado preventivo? O, por el contrario, ¿se fue laxo, permisivo, omisivo, abandonado y desinteresado y hoy concurren ante un juez para aprovechar un hecho dañino de un tercero y fungir como víctimas indirectas?”.
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Ante el señalamiento de que la familia de las víctimas es responsable del abuso de los menores perpetrado por el clérigo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, se pronunció de manera crítica:
“Hacemos un llamado a la Iglesia católica para que se pronuncie en contra de este documento que justifica y responsabiliza a los niños y familias de la violencia sexual contra ellos. Estos mensajes no pueden ser permisivos frente al delito más cruel y atroz de la humanidad”, manifestó Cristina Plazas, directora del ICBF.
Plazas solicitó ambientes seguros para los menores de edad y, aún más, cuando se trata de la Iglesia Católica, cuyo prestigio ha quedado en entre dicho de nuevo con este escándalo.
Vale la pena recordar que el abogado Elmer José Montaña, apoderado de las víctimas del padre Mazo, acusó al arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, de haberle ofrecido pagar sus honorarios para que no asumiera la defensa de los niños abusados por el padre Mazo.
“La segunda o tercera vez que hablé con él en la Arquidiócesis de Cali, Darío de Jesús Monsalve me propuso que la Iglesia me pagaba a mí los honorarios profesionales si yo renunciaba al caso. Cosa que no acepté”, dijo Montaña.
Ante la polémica que sigue rondando el caso, los familiares de los niños abusados realizarán el próximo 1 de marzo un plantón frente a la sede de la Arquidiócesis de Cali, exigiendo que asuman su responsabilidad y que además paguen las indemnizaciones ordenadas por la ley.