El principal capturado es Pedro Aguilar, quien sería la cabeza del cartel de la chatarrización. Aguilar es el director nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros y fue acusado por la Fiscalía de los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento falso, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y estafa agravada.
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Según el ente acusador, fueron cerca de 12 mil vehículos de carga chatarrizados de manera fraudulenta en el país, “operaciones que podrían representar ganancias aproximadas a los seiscientos mil millones de pesos ($600.000.000.000), es decir, cincuenta millones de pesos ($50.000.000) por cada camión”.
La investigación de la Fiscalía empezó mucho antes del paro camionero que vivió el país a mediados del 2016 y que se extendió por 46 días, dejando más de dos millones de pesos en pérdidas.
Para ese momento, el Gobierno ya empezaba a tener información sobre la corrupción que estaba creciendo en el proceso de chatarrización de camiones de carga.
La organización que conformó el cartel de la chatarrización desintegraba vehículos que no cumplían los requisitos, utilizando documentos falsos, con el fin de obtener un beneficio económico que estableció el Ministerio de Transporte en la Resolución 7036 de 2011.
Entre los capturados están Harry José López, coordinador del Registro Único Nacional de Transito (RUNT); cinco funcionarios del grupo de automotores de la Policía Nacional, dos de la Dijín, tres de la Sijín Metropolitana de Cali, Pedro Aguilar Rodríguez, un tramitador que adulteraba la documentación original, entre otros.
