Detienen a periodistas que investigaban caso Odebrecht en Venezuela

Las autoridades venezolanas detuvieron hoy en el estado Zulia a dos periodistas brasileños y otros dos venezolanos cuando hacían un trabajo sobre una obra inconclusa que estuvo a cargo de la constructora Odebrecht, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, explicó que se trata del periodista brasileño Leandro Stoliar y su camarógrafo Gilzon Souza de Oliveira, así como de los venezolanos Jesús Urbina y María José Túa, coordinadores en la ciudad de Maracaibo de la ONG Transparencia Venezuela.

Estas cuatro personas estaban grabando imágenes del llamado puente de Nigale, una estructura inconclusa prometida en 2005 por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) y que sería una segunda opción para el paso de vehículos sobre el Lago de Maracaibo.

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Según Ruiz, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) les ordenaron a los cuatro ciudadanos conducir, escoltados, hasta la sede del cuerpo de inteligencia en esa entidad «para una entrevista».

«Se van en su propio carro, ellos comunicaron que estaban camino al Sebin, (luego) les retiraron los equipos celulares, no tienen abogados», prosiguió el sindicalista tras precisar que los brasileños arribaron al país el pasado miércoles.

Estos datos fueron también difundidos por Transparencia Venezuela a través de su cuenta en Twitter donde tildan las detenciones de «secuestros» y exigen la liberación inmediata de los cuatro implicados.

«Nuestro equipo del Zulia y los periodistas brasileros se encontraban recopilando información sobre obras de Odebrecht (…) Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se presenten en lugar de la detención», agrega.

El SNTP indicó en enero que siete corresponsales extranjeros han sido «expulsados» del país en el último año.

Venezuela resultó salpicada por los supuestos sobornos que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht en varios países y a varios funcionarios de Gobiernos, algunos ligados a la llamada revolución bolivariana actualmente liderada por Nicolás Maduro.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos que señalan que la compañía carioca pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela, entre 2006 y 2015, a «funcionarios e intermediarios del Gobierno» para «obtener y retener contratos de obras públicas».