Santos regresó al Congreso la ley que buscaba formalizar el trabajo de las madres comunitarias y sustitutas del país.
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Se trata del proyecto de ley número 127 de 2015, firmado en diciembre pasado, que iba a beneficiar a más de 60 mil mujeres colombianas ya que la norma les otorgaba las mismas garantías laborales que tiene cualquier trabajador del país.
Estas mujeres son las que cuidan a diario más de 800 mil niños.
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Sin embargo, Santos no sancionó la ley al considerar que el Estado tendría destinar más de 769 mil millones de pesos al año.
Según el documento que envió el mandatario al presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, en respuesta al rechazo del proyecto, Santos asegura que la ley es inconstitucional porque va en contra de lo señalado en la ley 617 del 2000 “que estableció límites estrictos a los gastos del personal”.
Pero ese no es el único argumento. El presidente señaló que también incumple la Ley 1769 de 2015 “que fijó el procedimiento a seguir para la modificación de las plantas de personal”.
De acuerdo con esa ley, para que se pueda vincular formalmente a las madres comunitarias el ICBF tendría que pasar de tener 6 mil a 61 mil funcionarios públicos.