La firma de un inicio de conversaciones para el próximo 7 de febrero abre una esperanza de paz entre el Gobierno y el Eln, pero esta ha sido retenida de forma constante por los frenos al avance del acuerdo. El ambiente tiende a ser pesimista debido a las múltiples oportunidades en las que se ha interrumpido la paz con el Eln.
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El primero de estos acuerdos se intentó negociar en 1982, en conjunto con las negociaciones adelantadas por el gobierno de Belisario Betancur. A pesar del desempeño de las negociaciones al principio del período, y de una tregua firmada en 1985, la situación se volteó de forma radical luego de la toma del Palacio de Justicia en noviembre de ese año, por lo que los combates se recrudecieron.
Luego, en combinación con las Farc y otros grupos guerrilleros, el Eln formóla llamada Coordinadora General Simón Bolívar, pero las diferencias entre grupos impidieron que se consolidara este acuerdo. A partir de ahí, las Farc y el Eln tuvieron conflictos por lucha territorial y de control de las rutas extorsivas.
En la presidencia de Ernesto Samper, se dio un nuevo intento de paz entre el Gobierno y el Eln, al que llegaron dos preacuerdos: uno firmado en España, con la colaboración de Carlos Holmes Trujillo, y otro firmado en Maguncia con el apoyo del alemán Werner Mauss. La filtración de los preacuerdos y una voladura de oleoducto en Machuca (Antioquia) en 1998, con 70 muertos, cancelaron estos acuerdos.
Aún así, en un ambiente de optimismo, Andrés Pastrana abrió en 1999 una nueva mesa de diálogo entre los dos bandos. El Eln pidió una zona de despeje en los municipios de San Pablo y Cantagallo, sur de Bolívar. Por más de tres años las partes trataron de negociar, pero no lo lograron.
Entre las causas se destacan los actos violentos como el secuestro de un avión Fokker de Avianca en 2000, el secuestro de los feligreses de la iglesia La María en Cali y la ascendencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, que combatieron con crueldad al Eln en antiguas zonas fuertes de la guerrilla como el Catatumbo.
Durante el gobierno Álvaro Uribe se intentaron varios procesos con la participación del gobierno de México, pero ni siquiera la propuesta del actual senador del Centro Democrático de pagarle a los guerrilleros para que no secuestren permitió que se validaran.
El hecho de que los diálogos preliminares que llevaron a la declaración de este miércoles en Ibarra hubieran demorado más de dos años no es una buena señal. Diferencias en temas como el tema del secuestro de Odín Sánchez deben ser tratados para que la esperanza de terminar este conflicto armado llegue al término que el gobierno Santos consiguió con las Farc mediante el acuerdo del Teatro Colón.
