En una carta divulgada y dirigida al presidente Juan Manuel Santos, el director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, llama la atención sobre elementos de la ley que podrían evitar juzgar los crímenes cometidos por agentes del Estado y combatientes de las Farc.
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«Notamos que el proyecto de ley hace referencia a figuras delictivas que no tienen un correlato explícito en el derecho colombiano; utiliza categorías legales imprecisas y vagas que se prestan a abusos; sólo excluye explícitamente de amnistías a ciertos crímenes de guerra; e invoca un estándar insuficiente sobre el delito de ‘reclutamiento de menores'», explica la carta.
Vivanco expresa su «preocupación» porque el mecanismo de libertad condicional previsto en el proyecto de ley para los responsables de «crímenes atroces» carece de garantías básicas necesarias para asegurar que criminales de guerra no puedan eludir la justicia.
HRW cree, además, que la legislación de implementación para la paz debería aclarar cómo se definen cada una de las categorías legales que no tengan una contrapartida explícita en el derecho del país, con el objetivo de que no sean usadas indebidamente, por ejemplo, para amnistiar el homicidio de un civil.
En este sentido, el acuerdo de paz y el proyecto legislativo no contienen ninguna definición de lo que se entiende por «determinante», lo que podría conferir «amnistías a combatientes de la guerrilla que tienen una grave responsabilidad penal, pero que podría pretenderse que no hubieran tenido esa participación ‘determinante’ en los delitos», según Vivanco.
La organización también advierte de que solo los «graves» crímenes de guerra sean excluidos, es decir los perpetradas de manera sistemática, ya que podría contribuir a conceder amnistías a numerosos crímenes de guerra si los acusados demuestran que estos no se cometieron de manera «sistemática».
«Aunque el reclutamiento de menores de entre 15 y 17 años no constituya un crimen de guerra (conforme al Estatuto de Roma), la Jurisdicción Especial debería investigar el reclutamiento de todos los menores, de conformidad con el derecho colombiano, lo cual garantiza de forma más adecuada los derechos de las víctimas», añade el texto.
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Asimismo, HRW cuestiona las condiciones de la libertad condicional de los agentes del Estado y guerrilleros de las FARC, con el objetivo de conseguir justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto en Colombia.
«Señor Presidente, compartimos estas inquietudes con la esperanza de que su Gobierno utilice la legislación de implementación para garantizar que el proceso de paz se construya a partir del respeto de los derechos de las víctimas», subraya Vivanco en la misiva.
«Su Gobierno -concluye – debe asegurar que el proceso de paz no se use indebidamente para limitar la posibilidad de que los responsables de atrocidades enfrenten una justicia genuina por sus crímenes».
