Una denuncia del Centro Democrático encontró un contrato de Carlos Augusto Gálvez, esposo de la magistrada que recibió este lunes la demanda en contra de la campaña del ‘no’ en el plebiscito. Pero el abogado ha tenido en el último año más contratos con entidades del Gobierno, por casi 400 millones de pesos.
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El contrato denunciado por el CD tuvo un costo de 125 millones de pesos y fue entregado a Carlos Augusto Gálvez Argote, esposo de Lucy Jeannette Bermúdez, la magistrada que este lunes admitió la demanda contra el ‘no’. El objeto del mismo es la defensa de la compañía en el caso contra la refinería Petrotiger.
El contrato de Gálvez buscaba brindar «asesoría jurídica integral» al Estado y a Ecopetrol en medio del complejo caso, que finalmente se falló en contra de Petrotiger, y tenía un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015. A pesar de esto, miembros del Centro Democrático procedieron a utilizar este contrato como una prueba de la presunta «compra» del Gobierno a la magistrada Bermúdez.
https://twitter.com/DanielSanin/status/811223924679802880
«¿Por qué no nos cuenta la ‘magistrada’ del Consejo de Estado de los contratos de su marido con el Gobierno, como este de Ecopetrol?», escribió en su cuenta de Twitter el abogado Daniel Sanín en un mensaje ampliamente difundido por las cuentas de políticos uribistas como los senadores Álvaro Uribe Vélez y Paola Holguín.
Una investigación de PUBLIMETRO encontró que Gálvez realizó un nuevo contrato con Ecopetrol, al cual se puede acceder en este enlace, para continuar con la defensa de la petrolera estatal en contra de Petrotiger, pero este fue por un monto de $160 millones en los meses corridos entre abril y noviembre de 2016. Mientras el primer contrato le reconocía honorarios de $25 millones mensuales, este reconoció pagos mensuales por $20 millones hasta el 30 de noviembre pasado.
No sorprende la presencia de un contrato como estos a Carlos Augusto Gálvez ya que el expresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha realizado varios casos tanto a favor como en contra del Estado en calidad de consultor. Gálvez también tuvo un contrato directo en 2015 con el Incoder «para apoyar y gestionar el saneamiento, legalización, regularización y conclusión de los procedimientos agrarios y administrativos» a su cargo, con un valor cercano a los $32 millones.
