El funcionario reiteró en un comunicado que la ley que se adopte para poner en marcha un programa de amnistía a guerrilleros y agentes de Estado en el marco del proceso de paz debe respetar «plenamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos».
El Gobierno radicó la semana pasada ante el Senado el proyecto de ley de amnistía con el que comienza la implementación del acuerdo de paz firmado por el Ejecutivo y las Farc.
El proyecto, que se comenzará a discutir esta semana en el Congreso, recoge el perdón jurídico para todos los miembros de las Farc, excepto para los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.
«Los beneficios que se otorguen tienen que ser el resultado del cumplimiento de compromisos por parte de los eventuales beneficiarios de las medidas, no pueden ser el punto de partida ni convertirse en un fin en sí mismos», dijo Howland.
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Asimismo señala que la amnistía a guerrilleros y agentes de Estado debe «aplicarse de manera excepcional, condicionada e individualizada y generar el régimen de estímulos requeridos para lograr el funcionamiento adecuado de los mecanismos de verdad, justicia y reparación que se han acordado en el marco del proceso de paz».
La seguridad jurídica de los eventuales beneficiarios de esta ley, agrega, no se podrá materializar de forma efectiva si el proceso de diseño, adopción y puesta en marcha de las medidas no incorpora los estándares internacionales y no permite el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.
«Ciertamente, la participación efectiva de las víctimas hará que el proceso sea más lento y dispendioso, pero es un factor determinante para garantizar la transparencia y la certeza en la aplicación de este tipo de medidas», explica Howland en el comunicado.
«Los derechos de las víctimas tienen que trascender la retórica y tener mecanismos procesales eficaces que garanticen su acceso real, no formal, a la justicia», añade.
La Oficina agrega que sigue dispuesta a brindar sus consideraciones técnicas sobre el proyecto de ley de amnistía a guerrilleros y agentes de Estado, si así lo requieren las autoridades estatales.
