Los secretos del edificio Equus 66 que fueron revelados por el dueño de la empresa de vigilancia

El dueño de la empresa Advipor Ltda, Jesús Galindo, contó a la Fiscalía cómo fue su proceder y el de Fernando Merchán en el caso del crimen de Yuliana Samboní.

Por Publimetro Colombia

Jesús Galindo el dueño de la empresa de vigilancia del edificio donde fue encontrado el cuerpo de la menor Yuliana Samboní, contó a la Fiscalía lo que ellos hicieron cuando se enteraron de lo sucedido.

“Llama el señor vigilante Rodrigo Anduquía por medio del Avantel, quien informa del caso donde resultó fallecida la niña Yuliana Samboní. Inmediatamente se presentó el supervisor al edificio para verificar lo sucedido, donde se constató que era cierto lo que el vigilante nos comunicó”, así lo dio a conocer el reporte que hizo la empresa del día de los hechos.

El periódico El Tiempo pudo establecer que la noche en que fue encontrado el cuerpo de la menor, fue enviado el técnico de cámaras para que descargara los videos de seguridad del edificio, esas grabaciones se entregaron a las autoridades competentes y ahora el técnico será llamado a rendir versión a la Fiscalía como parte del proceso investigativo.

Sin embargo hay un hecho que Javier Galindo deberá aclarar a as autoridades y es la razón por la cual se tardó una semana en subir a la plataforma de Novedades Renova el reporte de ese  día.

Además en el reporte que conoció El Tiempo,  Fernando Merchán el vigilante que apareció muerto días después del crimen de la menor, alcanzó a rendir descargos sobre su conducta del día de los hechos y se sostuvo en el relato que quedó en la minuta y juró que no sabía nada más. Pero ese reporte no tiene el registro que en el apartamento estaba el señor Rafael Uribe Noguera.

Galindo además agrega que Merchán no tenía anotaciones y otros edificios pedían que se lo asignaran. Y su sentencia por tráfico de droga en los 90 no era un impedimento para ejercer, pero tabiém deberá explicar por qué le dejaron vencer la acreditación el pasado 9 de octubre.

Por éstas razones la compañía de Galindo se estaría exponiendo a sanciones que van desde una multa de 100 salarios mínimos hasta la afectación de su permiso de funcionamiento, que está vigente hasta el 20 de marzo del 2018.

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