Según los militares, esa era una línea roja que no se podía cruzar y su modificación no tenía por qué hacerse en La Habana sin la presencia de ellos.
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El punto tiene que ver con el artículo 28 del Estatuto de Roma y señala que los comandantes de la estructuras militares tendrán que asumir la responsabilidad de los hechos cometidos por subalternos.
Textualmente el estatuto dice que: “El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas”.
