Un fallo de la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Trabajo reglamentar el oficio del trabajo sexual en Colombia. Esta decisión busca resarcir lo ocurrido con dos trabajadoras sexuales que ejercían este oficio en el sector de San Victorino y que fueron víctimas de agresión de la Policía.
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Los hechos se presentaron el pasado 20 de enero en la Plaza de la Mariposa, en el centro de Bogotá. Las mujeres, conocidas como Esperanza y Abril, fueron requisadas por la Policía y llevadas a la UPJ, donde sufrieron fuertes agresiones.
Según su relato, los agentes las retuvieron «por ser putas» aunque varias de las mujeres conducidas en este operativo no eran trabjadoras sexuales. Además, fueron agredidas por los agentes policiales, les rompieron sus bolsos y zapatos, y recibieron insultos.
Esperanza y Abril exigieron una restitución de sus derechos por medio de una tutela. Aunque esta fue rechazada por el Tribunal Superior de Cundinamarca y el Consejo de Estado, la Corte Constitucional aceptó su revisión y determinó que las activistas tenían razón en sus argumentos.
Según la Corte, la prostitución no es un delito per se. El fallo dice que la detención violó los derechos de Esperanza y Abril a la igualdad, la libertad personal y la libre circulación, y aunque no les otorga una restitución económica, sí les asigna distintas labores a las agencias gubernamentales.
El alto tribunal ordenó a la Alcaldía de Bogotá y la Defensoría del Pueblo a implementar programas para dar oportunidades a las trabajadoras sexuales. El Ministerio de Trabajo deberá adelantar las labores necesarias para poder regular el trabajo sexual, y dar condiciones a un trabajo digno.
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