Este decreto empezó a regir a partir del 3 de noviembre, por lo que sería aplicado en el proceso de paz con las Farc y en el del Eln si llega a buen término.
En septiembre las Farc entregaron a las autoridades un reporte con el número de miembros que se trasladarían a las zonas veredales de normalización, asegurando que para ese momento contaban con 5.765 guerrilleros.
Se trata del decreto 1753 del 2016, avalado el pasado 3 de noviembre, en el que señalan que las Farc –o el Eln, si avanzan los diálogos– podrán presentar una lista de todos sus miembros para el proceso de desmovilización y en ella destacar a los que son menores de edad para que sean tratados como víctimas durante ese proceso.
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Textualmente dice que “con relación a los niños, niñas y adolescentes que fueron utilizados o participaron directa o indirectamente en las actividades del grupo armado organizado al margen de la ley, los voceros o miembros representantes de dicho grupo entregarán una lista separada que acreditará la pertenencia, más no la calidad de miembros de dichos menores”, ya que “son considerados víctimas los niños que hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad”.
Es decir que, en el proceso de reintegración a la vida civil, los menores de edad que hicieron parte de las filas de la guerrilla tendrán un trato diferente a los mayores de edad.
La lista que las Farc deberán entregar al Alto Comisionado para la Paz será para acreditar la pertenencia de todos sus miembros y así poder participar en la reintegración colectiva, tema que quedó estipulado en el acuerdo de paz y que otorga una serie de beneficios a quienes firmen la paz. De hecho, en el documento del acuerdo dice que el Alto Comisionado aceptará la lista “de buena fe, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes”.
Ahora este decreto se anexará para garantizar la restitución de los derechos de los niños que hicieron parte del conflicto armado.
Una vez ellos cumplan la mayoría de edad podrán vincularse al programa de reintegración y acceder a los mismos beneficios que se les brindaron a los demás guerrilleros.
«La restitución de los derechos de los niños estará a cargo del Icbf. Una vez los niños cumplan la mayoría de edad, podrán ingresar al proceso de reintegración social y económica que lidera la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, siempre que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas», se lee en el decreto.
