Desde hace semanas las comunidades indígenas, partidos políticos y hasta los mismos candidatos han denunciado pocas garantías en la transparencia de la jornada electoral.
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Los wayúu enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le piden que se suspenda la votación porque la corrupción que se vive en el departamento no permitirá la elección de una persona justa.
Después de esto, la Misión de Observación Electoral (MOE) anunció que no vigilará la jornada porque no hay “suficientes garantías de transparencia y seguridad para efectuar este ejercicio de control ciudadano”, recordando las amenazas de las que ha sido víctima el gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, quien reemplazó a Pinto cuando ella fue retirada del cargo.
A pesar de los pedidos de suspensión, la Registraduría confirmó que la elección sí se realizará el 6 de noviembre y para eso pidió a los partidos y movimientos políticos de La Guajira que hicieran uso de los testigos electorales para evitar el fraude. La entidad, por su parte, prometió hacer un reconteo de los votos, usar la identificación biométrica, escanear las actas de escrutinio y hacer seguimiento a los jurados.
