La elección este jueves del nuevo procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, abre una nueva perspectiva para una de las entidades más importantes del país y que, según un analista consultado por PUBLIMETRO, deberá reducir la polarización en la que se encontraba en los últimos años.
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El propio Carrillo insinuó algunas de estas dificultades en su discurso del pasado jueves, cuando fue elegido en una votación histórica que sumó 92 de los 95 senadores de la República, que lo eligieron por delante de María Mercedes López y el exfiscal Jorge Perdomo.
Según Carrillo, la Procuraduría tendrá que trabajar para demostrar que «es posible conseguir consensos, más que sectarismos», en lo que parece una clara advertencia de una procuraduría diferente a la que desempeñó su antecesor Alejandro Ordóñez, constantemente envuelto en polémicas.
Uno de los antecesores de Carrillo, Jaime Bernal Cuéllar, había ordenado una sanción de inhabilidad contra el nuevo procurador general de la Nación por uno de los casos más polémicos de los años 90: la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de La Catedral.
Carrillo era ministro de Justicia en 1991, cuando el capo se fugó de la cárcel construida a su medida, por lo que Bernal Cuéllar ordenó una investigación en su contra por la fuga.
A pesar de esto, Carrillo se habría salvado debido a que Edgardo Maya, en 2001, ordenó levantar la sanción en su contra.
Para el politólogo Eduardo Sánchez, los temas más complejos que tiene que tratar Carrillo con el Ministerio Público son la implementación de los posibles acuerdos con las Farc y el Eln, así como recuperar a la Procuraduría luego de las decisiones polémicas de Ordóñez.
«Los ‘sectarismos’ a los que se refirió Carrillo en su discurso son claramente una alusión a la labor de Ordóñez, quien aprovechó muchas veces para hacer más política que vigilancia de las entidades públicas», destaca Sánchez en diálogo con PUBLIMETRO.
«Recorrer el camino del medio»
Para Sánchez, el nuevo procurador deberá asumir una labor de control muy intensa para poder realizar adecuadamente el trabajo de vigilancia en el posconflicto y las actividades que realizará el Gobierno en temas como reintegración y atención a las víctimas.
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«Carrillo tendrá que vigilar toda esta labor y asegurarse de que a todos los ciudadanos, en especial los más vulnerables, se les garanticen sus derechos, y es una labor muy compleja», destaca el analista.
Así mismo, otra de las complicaciones que tendrá Carrillo es recuperar la cooperación entre las instituciones, en especial con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y la Contraloría de Edgardo Maya.
«La unión que demostró el Congreso para elegir a Carrillo debe extenderse a las demás instituciones. Lo ideal es recorrer el camino del medio en el que la Procuraduría mantenga un control efectivo sobre el Gobierno, sin ser obscecuente ni una piedra en el zapato», considera el analista.
Finalmente, otro punto en el que se deberá resolver la polémica actuación de Ordóñez es en la defensa de derechos humanos, en especial los de minorías como la comunidad LGBTI. Pero Carrillo llega con problemáticas propias que deberán ser resueltas (ver recuadro).
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