familias que vivían en el jarillón han sido reubicadas hasta la fecha.
“Desafortunadamente hay que desocupar el sector por el inminente riesgo que presenta el dique para la ciudad”.
Jackeline Ariza vivió por 20 años en el jarillón del río Cauca, ese dique de 26 kilómetros que protege a Cali ante una eventual creciente del importante afluente.
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A diferencia de muchas de las 7600 familias que se estimaba que residían en el jarillón, Jackeline y su familia no eran invasores ilegales sino propietarios, es decir, dueños de ese pedazo de tierra que tenía sobre el dique.
Ahí, además de su familia, convivían con ella unos 70 cerdos de una unidad productiva de porcicultura, una microempresa que era el sustento para ella y los suyos.
No obstante, en uno de los procesos de desalojo que se han hecho en el jarillón, que urge por reforzamiento en varios sectores, su casa fue demolida y para la reubicación las autoridades le ofrecieron un subsidio de $206.000, para que arrendara un lugar dónde quedarse.
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Los arriendos en el sector no bajan de $300.000, por lo que ese dinero no alcanza ni siquiera para vivir ella con su familia, y mucho menos para mantener su unidad productiva, pues no encuentra dónde asentar sus marranos. Como agravante, denunció Jackeline, ha recibido varias amenazas contra su vida, por reclamar lo que, según ella, le pertenece.
Este es uno de los testimonios que se ofrecieron ante el Concejo de Cali por parte de los habitantes del jarillón del río Cauca y sus defensores, en dos jornadas en las que se denunciaron irregularidades en los procesos de desalojo y reubicación de dichas personas por parte de la Administración Municipal.
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Marlon Cubillos, abogado defensor de la comunidad del jarillon, así como Efraín Valencia Valencia, de la ONG Sol Jurídico, solicitaron a los órganos de control y de defensa de los derechos humanos, brindar las garantías necesarias para que se respete a la comunidad que habita sobre el dique y que, según ellos, están siendo atropellados con los operativos de desalojo.
Valencia Valencia argumentó que a la comunidad del jarillon no se le notificó de los operativos de desalojo, por consiguiente, “se violaron derechos fundamentales y el debido proceso”.
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“Es cierto que en el jarillon hay invasiones, pero también hay propietarios, por lo tanto, no se puede generalizar, y la Personería, así como la Defensoría, deben acudir a blindar a los ciudadanos”, sostuvo ante el Cabildo Municipal el abogado Cubillos.
Sobre este tipo de hechos, el Concejo de Cali invitó a los habitantes del jarillón y a sus representantes a que hagan las respectivas denuncias, cuando existan casos de presuntas violaciones de derechos humanos o derechos fundamentales.
Asimismo, los cabildantes le solicitaron al gobierno caleño aclarar si las familias a reubicar están en zona rural o urbana, desde la visión legal del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
La concejal María Grace Figueroa insistió en la necesidad de hacer las denuncias respectivas ante los órganos competentes para que cesen los atropellos en contra de la comunidad, “porque no podemos quedarnos en la denuncia ante medios o escenarios como el Concejo, pero sin llegar al final”, enfatizó.
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Por su parte, la concejal Patricia Molina subrayó que lo más importante es definir en dónde será reubicadas las miles de familias que todavía viven sobre el jarillón, si en la zona rural o en el perímetro urbano de la capital vallecaucana.
“Lo que pretendemos es defender a las personas y buscar resarcir sus derechos humanos”, manifestó a su turno el concejal Juan Carlos Olaya, quien indicó que el tema se tendrá que llevar a otras instancias, porque fue el Municipio que permitió que durante 20 años se ocupara el Jarillon.
El representante del Ministerio Público en Cali, el personero Héctor Hugo Montoya, aseguró que la labor de la Personería ha estado centrada en la defensa de los derechos humanos de las comunidades sometidas a desalojos, y en el caso del jarillón del río Cauca, la labor dio inicio desde el año 2014.
“Desafortunadamente hay que desocupar el sector por el inminente riesgo que presenta el dique para la ciudad”, le recordó Montoya a las familias habitantes del jarillón que estuvieron en el Concejo de Cali.
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No obstante, el Personero señaló que los operativos de desalojo fueron suspendidos por petición de dicha entidad, hasta que el Municipio no notifique a cada una de las familias habitantes sobre el dique.
Entre tanto, Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión de Riesgo de Cali, indicó que a la fecha se han reubicado 1975 familias que vivían en el jarillón. Todavía faltan por reasentar más de 5000 familias.
Como se recordará, el desalojo y la reubicación de las miles de familias que viven sobre el jarillón se hace necesaria para poder ejecutar el Plan Jarillón, mediante el cual la Nación, el Departamento y el Municipio invertirán más de $1 billón en obras para reforzar el dique y así evitar que se rompa y se inunde toda la capital vallecaucana, ante una eventual catástrofe natural como una creciente o un terremoto.
