Esto es lo que dice el Acuerdo Final, específicamente en el numeral de la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre algunos de los puntos que el senador y expresidente planteó:
*En materia de justicia, el Estado tiene el deber de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones y las graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario.
*Hay delitos que no son amnistiables ni indultables. No se permite amnistiar los crímenes de lesa humanidad, ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma.
*La concesión de amnistías o indultos no exime del deber de contribuir, individual o colectivamente, al esclarecimiento de la verdad y reparación de víctimas.
*El componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión.
*La imposición de cualquier sanción no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política.
*El componente de Justicia también se aplicará a los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este, aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico.
A través de un comunicado, el partido opositor del Gobierno finalmente publicó las propuestas concretas que serían la base de la nueva negociación con las Farc después que la opción del ‘no’ ganara en el plebiscito del pasado domingo.
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Pero antes de plantear los 6 puntos en concreto, Uribe también hizo referencia a otros temas que, según él, durante la campaña del ‘no’ siempre mostraron su desacuerdo y son los siguientes 9:
1. “Insistimos en la reclusión efectiva, pena privativa de la libertad, entre 5 y 8 años, no obstante que sea en sitios alternativos como granjas agrícolas”.
2. “El narcotráfico, en las circunstancias de Colombia, no debe ser calificado como delito político”.
3. “Los privilegios al partido de las Farc y la elegibilidad de responsables de delitos atroces. De no excluirse, debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por proceso 8 mil y parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y los 140 mil presos”.
4. “Hicimos múltiples observaciones al Tribunal Transicional, que entre sus facultades exorbitantes tiene aquella de definir qué conductas son delitos. Estamos de acuerdo con el Fiscal General de aplicar la Ley de Justicia, Paz y Reparación. O proponemos crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia, retroactiva por cierto”.
5. En la campaña nos referimos a las víctimas, a los niños y demás secuestrados, a la familia, al respeto a la mujer, a tantos otros temas sobre los cuales propusimos alternativas.
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6. “Que a los integrantes de Farc se de protección efectiva a condición de la suspensión de todos los delitos, narcotráfico y extorsión incluidos”.
7. “La ley podría conceder una amnistía, sin desmovilización total inmediata, a guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad. Y para garantizar sus ingresos se podría contratar con ellos que empiecen la destrucción remunerada de la droga”.
8. “Es urgente el trámite en el Congreso de una norma de alivio judicial para nuestros soldados y policías, el Centro Democrático ha presentado varios proyectos, alivio sin impunidad y sin igualarlos a Farc”.
9. “Contrario al ultimátum que aplazó las bombas para el primero de Noviembre, creemos que se necesita paciencia para discutir tantos motivos de preocupación”.
Después de plantear las anteriores aclaraciones, Uribe hace las siguientes propuestas:
10. “Se debe privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales”.
11. “Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente”.
12. “Los compromisos con las Farc deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país; esto es, sin afectar la regla fiscal, la confianza de inversión del sector privado, la competitividad, los programas sociales como educación universal y de calidad, sin afectar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos”.
13. “Los compromisos con Farc no pueden limitar la descentralización ni la obligación de alcaldes y gobernadores de atender con equidad las necesidades de todos los ciudadanos”.
14. “Las consultas a comunidades podrán ser limitadas en el tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la Nación”.
15. “Que las discusiones sean públicas para evitar tergiversaciones”.
