El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo estar de acuerdo con la petición hecha al Gobierno por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de retomar la fumigación aérea con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia.
«Esa fue la solicitud que hice desde mayo del año pasado en el Consejo Nacional de Estupefacientes, pidiendo que no se suspendieran las fumigaciones, porque si se suspendían iríamos a nadar en coca y un año después de 40.000 hectáreas pasamos a cerca de 170.000 hectáreas sembradas», manifestó a periodistas.
Y agregó: «Las implicaciones de esta situación en la inseguridad ciudadana, se han hecho manifiestas, pienso que fue un error del Gobierno desmontar la política contra los cultivos ilícitos a una estrategia que ha sido insuficiente».
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En la misiva, fechada el 2 de septiembre, Martínez le pidió al ministro «evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos, examinar la marcha de los acuerdos con las comunidades y considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea».
Para analizar el estado actual de la política antidrogas, el fiscal también solicitó «convocar una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes, entidad competente en la materia» y «estudiar el avance y ejecución de los programas sociales y desarrollo alternativo en materia de erradicación de cultivos ilícitos».
En mayo de 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó la suspensión del uso del glifosato en las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos ya que parte del herbicida era arrastrado por el viento, contaminando cultivos legales y fuentes de agua, lo que incluso fue motivo de un litigio con Ecuador.
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La decisión cumplía con una orden de la Corte Constitucional de Colombia de detener el uso del herbicida bajo el principio de precaución por posibles daños a la salud por ser potencialmente cancerígeno, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Néstor Humberto Martínez aseguró en la carta que «la dinámica reciente de los cultivos ilícitos constituye una amenaza efectiva para la paz en el territorio» tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y las FARC en La Habana para terminar el conflicto armado.
Entre los argumentos que presentó el fiscal se destaca el que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), los cultivos de coca se incrementaron en un 39 % durante 2015 hasta alcanzar una extensión de 96.084 hectáreas frente a las 47.788 hectáreas de 2012, año en el que se alcanzó el más bajo nivel de esta clase de plantaciones.
Esta circunstancia, precisó, «pone de presente el gravísimo riesgo de que, como resultado de la desmovilización acordada en el proceso de paz (con las FARC) se dé inicio a una nueva forma de perturbación del orden público, resultado de la lucha de otros actores armados ilegales» por «apropiarse del combustible del crimen en Colombia».
En respuesta a la carta, Londoño dijo hoy a periodistas que «la aspersión aérea no soluciona nada».
La posición del ministerio, aclaró, «es no estar de acuerdo» con la petición del fiscal porque «en 2007 se asperjó de forma aérea con mucha intensidad y fue el año que más cultivos ilícitos hubo».
Además, precisó, «jurídicamente es imposible» debido a que «la Corte Constitucional, en una de sus sentencias fue clara en que por el principio de precaución no era posible este tipo de aspersión».
En marzo de 2008, Ecuador presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por las fumigaciones aéreas que Colombia realizó entre 2000 y 2007 en su frontera sur y que, a juicio del Gobierno del vecino país, afectaron a su territorio.
No obstante, en septiembre de 2013 ambos Gobiernos llegaron a un acuerdo que puso fin a esa demanda en el tribunal internacional y obligó a Colombia a crear una zona de exclusión en su lado de la frontera, donde no debían realizarse fumigaciones aéreas.
