La investigación que hizo la Superindustria indica que Ecopetrol habría motivado a proveedores de materiales pétreos de construcción en Acacías, Castilla la Nueva y Guamal, todos en Meta, para que acordaran los precios y asignaran cuotas de suministro, “ofreciéndose Ecopetrol como garante de los compromisos surgidos en el marco de dichos acuerdos con sus empresas contratistas de obras civiles”, dice el comunicado.
Estos acuerdos “anticompetitivos” se habrían realizado a través de Asomguaca, una asociación que reunió a los principales proveedores de estos materiales en la región, que “junto con empresas no afiliadas, habrían incurrido en las conductas de cartelización”.
En esta investigación también están vinculadas 25 personas naturales, que en su mayoría ejercían como funcionarios de estas empresas.
Según la SIC, de demostrarse que estas empresas y estas personas incurrieron en la violación de las normas de la libre competencia económica, se les podrían imponer multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales ($68.945.400.000) a cada empresas y hasta 2000 salarios mínimos legales ($1.378.908.000) a las personas naturales.
