La decisión señala que “por los daños ocasionados” deberán pagar a Córdoba lo equivalente a los pagos de los salarios y prestaciones que dejó de recibir entre el 3 de noviembre del 2010, día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio del 2014, día en que finalizó su periodo legislativo 2010-2014.
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En ese momento la exsenadora recibía un sueldo de 23 millones de pesos y, haciendo solo la suma de los salarios que no recibió durante 45 meses, el resultado aroja 1.035 millones de pesos.
A esa cifra tendría que sumarse lo equivalente a las prestaciones.
«Lo que acaba de ocurrir en el Consejo de Estado es una demostración de que Colombia tiene problemas de justicia, sí, pero que todavía la justicia impera», señaló Córdoba después de conocer la decisión del Consejo de Estado.
