En la audiencia también se discutió la posibilidad de que los funcionarios públicos realicen campaña a favor del plebiscito.
Según Humberto de la Calle, los antecedentes legales presentes en el plebiscito de 1957 y el referendo de 2003 indicarían que la prohibición de participación en política podría ser únicamente para eventos de política partidista como elecciones.
El Defensor del Pueblo (e), Alfonso Cajiao, pidió que se declare inexequible la participación en campaña a favor del plebiscito, debido a que esta campaña es «una permisión» que va más allá de la libertad de opinión o de expresión. Esto provocaría una situación de proselitismo.
La audiencia en la Corte Constitucional en la discusión por la legalidad del Plebiscito por la Paz contó con una nutrida asistencia y una extensa discusión, en la que el propio Presidente de la República lideró la defensa al plebiscito y tanto el Fiscal como la viceprocuradura rechazaron esta decisión.
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Santos explicó que, aunque la Constitución de 1991 le da la capacidad de aprobar el acuerdo de paz sin consultar al pueblo, lo va a hacer «no solo como un acto de democracia, sino en cumplimiento de la promesa que hice ante los colombianos».
«El plebiscito no es nada diferente que regresar al pueblo que me eligió para preguntarle si cumplí mis compromisos para lograr la paz», dijo el presidente en su intervención, que inició una larga jornada en el Palacio de Justicia.
Además: Santos defenderá el plebiscito ante la Corte Constitucional
Santos agregó que el “acuerdo de fin del conflicto con las Farc significa, ni más ni menos, el reconocimiento por parte de un actor ilegal de la legitimidad de esas mismas instituciones, de esa Constitución y de esas leyes”.
Acá puede seguir la señal en vivo.
Además, Santos desmintió a quienes aseguran que el plebiscito busca imponer la voluntad del Gobierno por delante de la del pueblo. «Es el mecanismo idóneo para que el pueblo determine con su voto si el acuerdo de paz debe convertirse en política de Estado».
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Además participaron el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao; el Alto Comsionado para la Paz, Sergio Jaramillo; el jefe negociador en La Habana, Humberto de la Calle; el Fiscal General (e), Jorge Perdomo; parlamentarios, académicos y magistrados de las altas cortes.
El gran ausente fue el procurador Alejandro Ordóñez, quien estaba en un panel de víctimas convocado por la senadora del Centro Democrático Thania Vega de Plazas en el Capitolio Nacional, al otro lado de la Plaza de Bolívar.
Cristo ratificó lo dicho por el presidente y afirmó que «la implementación de los acuerdos de La Habana pasan necesariamente por la refrendación ciudadana. La votación de colombianos y su efecto vinculante reforzará el efecto jurídico de los acuerdos de La Habana».
Entre los argumentos oficiales, destacó una apasionada declaración de Humberto de la Calle, en la que aseguró que la Constitución de 1991 dio aún más poderes al entonces presidente César Gaviria, y hoy, » pese al inequívoco diseño de este elenco de garantías que he descrito, ahora a ese diseño se le acusa de autoritario».
Procuraduría y Fiscalía, en contra
La oposición al plebiscito de la Procuraduría fue expuesta por la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, quien insistió en que los acuerdos de La Habana deben ser ratificados mediante un referendo, y no con un plebiscito con un umbral tan cuestionado.
Al mismo tiempo, Castañeda pidió que la Registraduría dé a conocer los acuerdos cuando sean firmados. Esto se debe a que es «un ente autónomo e independiente dentro de la estructura del Estado garantizando la naturalidad e imparcialidad que necesitan los colombianos para formarse su propio criterio», según la funcionaria.
En la misma tónica opinó el Fiscal General (e) Jorge Perdomo, pero desde una posición completamente opuesta: para el jefe del ente acusador, la obligación consitucional de conseguir la paz es tan importante que no puede quedar atada a una decisión electoral.
«No es posible consultar al pueblo si quiere la terminación del conflicto, como tampoco es posible preguntar si quiere permitir la esclavitud. La terminación del conflicto como materialización del derecho a la paz no puede estar sometida a la dictadura de las mayorías», dijo Perdomo.
Cabe destacar que esta audiencia fue convocada por el magistrado sustanciador de la demanda de exequibilidad al plebiscito, Luis Gustavo Arias, con el fin de que la Corte Constitucional cuente con la opinión de expertos antes de decidir por la legalidad del plebiscito. El fallo se espera a finales de junio.
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