“Exigimos al Gobierno Nacional esclarecer las responsabilidades tras esta andanada paramilitar y tomar medidas inmediatas que nos garanticen a todos el ejercicio de la política sin armas, para poder avanzar de forma cierta en la necesaria reconciliación nacional”. Jefe negociador de las Farc, alias Iván Márquez.
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El paro armado que paralizó más de 50 municipios en cinco departamentos del nororiente del país, llevado a cabo por el ‘Clan Úsuga’, así como el supuesto intento de asesinato en contra de Piedad Córdoba por presuntos miembros de bandas criminales, todo en el marco de lo que se considera todavía como un fenómeno paramilitar, será uno de los puntos de discusión más importantes del nuevo ciclo de diálogos de paz que inicia este lunes en Cuba.
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Así lo dejó ver este domingo el jefe negociador de las Farc, alias Iván Márquez, quien insistió en que la mesa de conversaciones de La Habana debe llegar cuanto antes a un acuerdo para desmontar el paramilitarismo en el país si se quiere una paz estable y duradera una vez se firme el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.
Esta, la de desmontar el paramilitarismo, es, de hecho, una de las principales peticiones de las Farc desde que inició el proceso de paz en 2012 y en estos momentos recobra mucha más importancia, no solo por lo antes mencionado, sino porque son una de las condiciones que la guerrilla pide para tener seguridad una vez inicien el proceso de desarme y el tránsito hacia un movimiento político legal.
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La seguridad para sus miembros es uno de los temas álgidos en el debate del punto del fin del conflicto que actualmente se discute en Cuba y que también contempla la dejación de armas y las zonas de concentración, entre otros temas.
Frente a los hechos más recientes, Márquez dijo que “con honda preocupación, la Delegación de Paz de las FARC-EP, rechaza el intento de agresión contra la vocera del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y luchadora por la paz Piedad Córdoba Ruíz, acontecido el día 1 de abril en la ciudad de Quibdó, que corona una amenazadora ofensiva paramilitar en todo el país”.
El jefe negociador de la guerrilla aseguró que no se están confundiendo ataques aislados con una ofensiva y citó cifras como que “bajo los gobiernos del presidente (Juan Manuel) Santos y luego de tres años de procesos de paz, 1687 defensores y defensoras de derechos humanos recibieron amenazas, al menos 346 fueron asesinados, 206 sufrieron atentados, 131 fueron detenidos arbitrariamente, y 16 fueron desaparecidos”.
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Márquez insistió en que pensar en la paz “es un sueño irrealizable” si la situación continúa de la misma manera. “Exigimos al Gobierno Nacional esclarecer las responsabilidades tras esta andanada paramilitar y tomar medidas inmediatas que nos garanticen a todos el ejercicio de la política sin armas, para poder avanzar de forma cierta en la necesaria reconciliación nacional”, dijo el comandante guerrillero.
Además, pidió apoyo a la comunidad internacional para “frenar el desangre y la zozobra” y concluyó que es urgente la firma e implementación del ‘Acuerdo para el Desmantelamiento del Paramilitarismo’, que aún está siendo construido en La Habana.
Con este tema sobre la mesa, así como con la discusión del cese al fuego bilateral y definitivo, las delegaciones de paz reanudan el proceso en Cuba, con miras a acelerar la firma del fin del conflicto, la cual se ha visto retrasada en las últimas semanas.
