La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que el acuerdo de paz de Colombia permite unos grados «de enorme impunidad» para los militares que ejecutaron a civiles con el objetivo de simular bajas de guerrilleros, lo que se conoce como «falsos positivos».
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«Estamos ante un acuerdo que hace un jaque mate a la justicia colombiana, el conjunto de ambigüedades y lagunas del acuerdo podría garantizar que responsables de falsos positivos de todos los rangos no respondan a la justicia por esos crímenes atroces», dijo hoy José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de HRW, en una rueda de prensa en Washington.
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La organización promotora de los derechos humanos considera que los militares responsables de los falsos positivos deberían seguir siendo sometidos a la Justicia penal ordinaria, y no a la jurisdicción especial para la paz que establece el acuerdo sobre víctimas firmado en diciembre.
Entre 2002 y 2008, militares colombianos ejecutaron a más de 3.000 civiles para simular un número de bajas de guerrilleros superior al real y así lograr reconocimientos, según cifras de HRW.
El temor de Vivanco es que los investigados o condenados por estos hechos soliciten el traslado de sus causas a la jurisdicción especial para la paz, con el argumento de que sus casos están directa o indirectamente vinculados al conflicto armado.
«Hasta ahora, los únicos que han pagado por los falsos positivos son los militares de bajo rango, y no los de alto rango, a pesar de que muchos de ellos ascendieron gracias a esos falsos positivos», consideró.
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Vivanco denunció así los «resquicios jurídicos» negociados entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana para proteger «a los superiores jerárquicos tanto de las FARC como del Ejército».
Para el responsable de HRW, el acuerdo incluye una «definición manipulada» del concepto de responsabilidad del mando, que permitirá que los altos cargos militares aleguen que no tenían control sobre el delito mismo.
«El concepto internacional es que al superior se le impute la responsabilidad porque debió haber conocido de los delitos cometidos por sus subordinados, con tener el control de las tropas es suficiente», señaló.
«En el caso de los bajos rangos, podrán argumentar que no tuvieron la mayor responsabilidad y el tribunal podrá renunciar a la persecución penal. Si eso no es impunidad, que alguien defina en qué consiste impunidad», agregó.
Según Vivanco, estos términos facilitan probablemente la forma del documento para la paz, pero «con ellos se pierde la posibilidad de fortalecer un proceso de paz creíble».
«El eslabón más débil en este proceso son las víctimas, si el acuerdo se convierte en legislación los que van a sufrir el mayor daño son los que van a tener que resignarse a un proceso que no les garantiza unos mínimos».
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