Las muertes por violencia política no asociada al conflicto armado en Colombia aumentaron un 35 % el año pasado, cuando se registraron 105 casos, reveló hoy un informe, y advierte que esta situación «aparece como un obstáculo directo a la construcción de paz» en un escenario de posconflicto en el país.
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Según una investigación del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), «los asesinatos de líderes sociales, militantes de partidos políticos, y sindicalistas aumentaron un 35 % en 2015 frente al 2014», mientras las amenazas cayeron y el número de personas heridas «aumentó levemente».
El informe indicó que el número de muertes por violencia política «pasó de 78 a 105 casos»; los heridos subieron de 20 a 24 y las amenazas descendieron desde 630 a 427 casos.
El Cerac alertó que la violencia política «es una de las amenazas más serias para la seguridad y se presenta a pesar de la caída en la intensidad del conflicto armado interno».
Consideró además que la «disminución de las acciones armadas de las FARC» como parte del proceso de paz con el Gobierno «no ha impactado positivamente» en la violencia política.
«En un escenario de posconflicto, la violencia política aparece como un obstáculo directo a la construcción de paz en territorios fuertemente afectados por el conflicto», apuntó el estudio.
El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC mantienen desde hace más de tres años conversaciones en La Habana con miras a firmar un acuerdo que permita poner fin a 50 años de conflicto armado en el país, el más antiguo del continente.
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La violencia política, según el Cerac, incluye a «todo daño intencional causado contra personas, grupos o comunidades que tiene como objetivo afectar las preferencias políticas o la toma de decisiones colectivas».
Por grupos, «el peor deterioro porcentual en la violencia letal» se registró entre sindicalistas, que pasó de dos a siete casos el año pasado.
El asesinato de militantes de partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular subió un 66 %, al pasar de 15 a 25 casos, y de funcionarios públicos, profesores y periodistas aumentó un 31 %, de 29 a 38 casos.
La violencia política relacionada con las elecciones regionales y municipales celebradas en octubre pasado no estuvo dirigida «exclusivamente contra candidatos y sectores de la oposición», señaló la investigación.
El Cerac explicó que la violencia política en 2015 se caracterizó por la emergencia de nuevos riesgos para poblaciones vulnerables de áreas urbanas y rurales, especialmente para minorías.
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