Las demandas de Nicaragua sobre las que declarará competencia la Corte Internacional de Justicia tienen que ver con el no cumplimiento del histórico fallo de 2012 con el que el organismo con sede en La Haya dejó bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua le otorgó una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados, y el país centroamericano en más de 90.000, y que permite, entre otras cosas, explotar los recursos del lecho marino y el subsuelo, como petróleo y gas.
El Gobierno colombiano considera «inaplicable» el fallo de la CIJ porque solo el Congreso puede modificar los límites del país.
Colombia y Nicaragua se verán las caras una vez más este jueves en la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en un nuevo episodio en el diferendo marítimo que enfrenta a los dos países.
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La Corte decidirá si tiene competencia y jurisdicción para aceptar las dos demandas que Nicaragua interpuso contra Colombia luego de que el país se negara a reconocer el fallo del mismo organismo que cambiaba los límites marítimos entre las dos naciones, en el meridiano 82, entregando buena parte de la plataforma continental colombiana a los centroamericanos.
La primera demanda fue interpuesta el 16 de septiembre de 2013 y en esta Managua pide a la CIJ una delimitación de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas; mientras que en la segunda, interpuesta el 26 de noviembre del mismo año, Nicaragua acusa a Colombia de no cumplir el fallo de 2012, amenazar con el uso de la fuerza y vulnerar los derechos de los nicaragüenses sobre las aguas que les el mismo organismo.
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Al respecto, la Corte tiene tres opciones: declararse competente, es decir, aceptar las dos demandas y entrar a analizarlas a fondo para emitir una decisión; declararse no competente, es decir, no aceptar ninguna demanda de Nicaragua; y declararse competente parcialmente, aceptando una de las dos demandas.
En ese sentido, la posición de Colombia ha sido bastante clara: que la Corte no es competente, es decir, que debería optar por la segunda opción y no aceptar las demandas.
De hecho, la canciller María Ángela Holguín, reiteró tras una reunión con miembros del Congreso que el Gobierno considera que la Corte no es competente.
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“Nos hemos preparado desde el momento mismo en que Nicaragua puso estas demandas en septiembre y noviembre del año 2013 y hemos presentado excepciones preliminares que son los argumentos que el Gobierno de Colombia le ha dado a la Corte para que se declare que no es competente de revisar este asunto; han sido argumentos muy sólidos, muy contundentes», aseguró Holguín a medios de comunicación.
Pese a la posición del Gobierno colombiano, existe la posibilidad de que la CIJ sí se declare competente.
En ese caso, los miembros del organismo entrarán a analizar de fondo las demandas, lo que puede desencadenar tres escenarios: el primero, la sesación, es decir, que la Corte obligaría a Colombia a cumplir el fallo del 2012 de manera inmediata; el segundo, la no repetición, en la que se pedirían garantías de no repetición y actos que demuestren que Colombia está obrando de buena fe; y el tercero, la satisfacción, la cual consiste en la toma de medidas simbólicas de perdón y reconocimiento de la responsabilidad de Colombia hacia Nicaragua.
Si la CIJ acepta las demandas, la decisión de fondo sobre los límites marítimos entre los dos países se conocería, al menos, en dos años.
