La Empresa de Acueducto de Bogotá se vio obligada a cumplir con el pago de la multa de $75 mil millones de pesos, incluidos intereses, impuesta en el 2014 por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- al considerar que el esquema de recolección de basuras creado e implementado por la administración del exalcalde Gustavo Petro era “inconstitucional e ilegal” y violaba el régimen de competencia en materia de servicios públicos.
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De acuerdo con la actual gerente de la EAB, Evamaría Uribe Tobón, “está es una desafortunada obligación económica que se originó por decisiones tomadas por el gobierno anterior y hoy nos corresponde pagar a nosotros. Este es un golpe muy negativo para el flujo de caja de la Empresa, justo cuando la ciudad reclama más inversión en acueducto y alcantarillado.”
Con el valor de la multa pagada el Distrito podría haber construido redes de acueducto y alcantarillado para más de 100 mil habitantes, un número similar al depoblaciones de municipios como Facatativá en Cundinamarca o Maicao y Manaure en la Guajira.
Con el mismo dinero se podría beneficiar con jardines infantiles a más de 5.000 niños de escasos recursos. También podrían taparse 7.000 huecos que afectan las calles de la capital del país.
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