La captura de Santiago Uribe Vélez provocó un conflicto en redes sociales entre el Centro Democrático (CD) y varios de los principales ministros del Gobierno Nacional. La polémica la inició el propio senador Álvaro Uribe Vélez, que aseguró que la Corte Suprema de Justicia tiene interceptado su teléfono.
“Cortina de humo el cuento de que la Corte Suprema anda ‘chuzando’ expresidentes. El que las hace se las imagina”, dijo la ministra de Educación, Gina Parody.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que al CD “solo le sirven las instituciones cuando obedecen a sus intereses”.
La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, escribió en su cuenta de Twitter que CD “no debería significar Colombia Dividida”, “no debería significar Critcar la Democracia” ni “debería ser sinónimo de Crecer las Diferencias”.
Finalmente, el ministro de TIC, David Luna, afirmó que ser de oposición “no significa pasarse por alto y pisotear las instituciones. Es irresponsable enviar un mensaje de desacato a la justicia”.
La Procuraduría General de Colombia informó hoy que apeló la detención provisional por presuntos vínculos con paramilitares de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, al considerar que se «vulneraron derechos y garantías fundamentales» del procesado.
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«Luego de analizar los fundamentos planteados por el órgano investigador para la imposición de la medida, es claro que estos no son adecuados según los lineamientos legales y constitucionales propios del ordenamiento jurídico», señaló un comunicado del Ministerio Público.
Santiago Uribe fue detenido por agentes de la Fiscalía colombiana el pasado 29 de febrero en Medellín, por presuntos vínculos con grupos paramilitares, además de ser investigado por supuestos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio.
En su comunicado de hoy, la Procuraduría agregó que «los fines necesarios para imponer la medida de aseguramiento no se encuentran satisfechos y en consecuencia debe revocarse la misma por ser improcedente».
Asimismo, afirmaron que la misma Fiscalía ha reconocido que Santiago Uribe «ha concurrido a los llamados de la Justicia a lo largo de la investigación previa y de instrucción y que ciertamente se trata de una persona con arraigo social y familiar».
La Procuraduría agregó que «no es acertado partir para la imposición de la medida de aseguramiento de la mala fe del procesado, quien ha asistido siempre que ha sido citado, y, además, nunca ha demostrado o se ha comportado de una manera que demuestre algún deseo de evadir la acción de justicia».
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La apelación finalmente dejó en claro que la prisión preventiva «es un mecanismo excepcional que debe buscar imponerse cuando sea estrictamente necesario, bajo rigurosos criterios de necesidad y proporcionalidad, siendo inadecuada la imposición (…) por la sola connotación o gravedad del caso».
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PUB/EFE/JMR
