La gobernadora del departamento de La Guajira, Oneida Pinto, propuso buscar ayuda internacional después de que en la última semana al menos dos niños de la comunidad Wayúu murieran por desnutrición mientras que otro está en grave estado de salud.
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«Colombia permitirá la búsqueda de ayuda internacional para solucionar nuestra grave crisis», manifestó la gobernadora en su cuenta de Twitter.
«Esa hambre y esa sed que hemos padecido en este departamento traspasará la frontera de este país para buscar ayuda a nivel internacional», agregó Pinto.
Pinto recibió esta semana el apoyo de la líder guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992, quien visitó Riohacha, la capital de La Guajira, y prometió trabajar por causas en beneficio de las comunidades étnicas de esa región, caracterizada por ser la más desértica de Colombia.
«Me impacta la falta de agua, porque sin ese líquido se mueren los animales, las plantas, las células, somos agua los seres vivos en el planeta, y por lo tanto la crisis de agua en esta zona me aflige tanto», dijo la nobel.
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Por su parte el gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, invitó a los mandatarios de la región caribe a reactivar el programa «Caribe Sin Hambre» y pidió realizar una cumbre de gobernadores que se realizaría en La Guajira.
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El programa que se inició en el 2007 buscaba promover la adopción de políticas regionales orientadas a mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.
Jairo Quiroz, director médico de la clínica Reina Catalina, declaró a Efe que una menor de once meses falleció el sábado después de diez días en la unidad de cuidados intensivos por causas asociadas a la desnutrición.
«Esta niña pesaba apenas 4.000 gramos, que es el peso de un bebé al nacer», precisó el galeno.
La situación de desnutrición en las comunidades indígenas del departamento de La Guajira ha llamado la atención de las autoridades nacionales e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el año pasado a Colombia adoptar las medidas necesarias «para preservar la vida y la integridad personal» de estas poblaciones.
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