Con una multitudinaria marcha de pañuelos verdes en varias ciudades de Argentina y después de conseguir más de 70 firmas de legisladores de todos los partidos políticos. Ayer se presentó por octava vez en el Congreso argentino una iniciativa para legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación.
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El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue formulado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Este contempla que en ningún caso será penada la gestante. Ya sea que cause su propio aborto o consienta que un tercero se lo realice.
También establece que toda mujer “u otras identidades con capacidad de gestar” tiene derecho a acceder a un aborto en los sistemas público y privado de salud. Adicionalmente debe ser en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento.
🌊💚 Somos la marea verde que no va a parar hasta #QueSeaLey
💚 Educación Sexual para decidir, 💚Anticonceptivos para no abortar, 💚 Aborto legal para no morir@CampAbortoLegal#28M #SeraLey #CongresoVerde pic.twitter.com/W1OVSNo5NZ— Campaña Nacional por el Derecho al Aborto – Cba (@campabortocba) May 28, 2019
Igualmente, se incorporó el capítulo tres, sobre “políticas de salud sexual y reproductiva” y “educación sexual integral”.
Además, señala que la autoridad de un centro de salud o el personal médico que dilate o se niegue a realizar la práctica será castigado con prisión de tres meses a un año. Además de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. La pena se elevará de uno a tres años si por esa conducta se daña la salud de la mujer y a cinco si esta fallece.
#SomosMarea
Hoy –#28M, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres- la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito presentará por 8va vez el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).✊🏽💚 #AbortoLegalYA#SeráLey pic.twitter.com/WNRXciIh6p
— Revista Furias (@RevistaFurias) May 28, 2019
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En la actualidad, la legislación argentina permite el aborto en casos de violación, peligro para la vida o la salud de la embarazada. No obstante, algunos médicos de hospitales públicos se han negado a practicarlo. Incluso en los casos que no son penados por la ley.
La mujer que interrumpe su embarazo fuera de lo establecido por la ley se arriesga a una pena de entre uno y cuatro años de prisión.
El año pasado una iniciativa similar fue aprobada por la Cámara de Diputados pero fue rechazada en el Senado. Integrado por los Senadores más conservadores. Los que en una votación ajustada en agosto desecharon el proyecto. Y finalmente echaron por tierra la Ley que había generado multitudinarias marchas a favor y en contra.
