Así lo explica en una entrevista, el coordinador del proyecto y consejero en Justicia Juvenil para América Latina y Caribe de la Fundación suiza «Terra des Hommes» (Tdh), el español Víctor Herrero.
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Según Herrero, el proyecto se inició este año y se desarrolla hasta 2018 en las ocho comunidades indígenas de Panamá: Kuna, Buglé, Bokota, Wounaan, Ngöbe, Teribe, Emberá, y Bri-Bri, algunas de las cuales también están asentadas en otros países vecinos como Colombia o Costa Rica.
Esta iniciativa la coordina el juez de raíces indígenas y colaborador de «Terra des Hommes, Alejandro Bonilla.
En estas ocho comunidades indígenas, «con muy pocos recursos humanos, pero con mucho sentido común, se resuelven conflictos muy importantes en el ámbito comunitario, penal, etcétera», recalca este especialista en derechos humanos y justicia juvenil.
Las conclusiones del proyecto, explica, permitirán generar una base de «conocimiento importante» sobre la justicia que rige en estas comunidades indígenas y que, normalmente, «da la espalda» a la justicia ordinaria u occidental.
En muchas ocasiones, añade, la justicia indígena «tiene enseñanzas muy interesantes para la justicia ordinaria en Latinoamérica, por su simplicidad».
Este tipo de justicia ha demostrado que se puede «conseguir la paz social con la aplicación de unas prácticas judiciales muy sensatas, muy de sentido común y muy fáciles de resolver, sin tanto recurso como se utiliza en la justicia ordinaria», recalca Herrero.
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Sin embargo, aclara, «hay algunas practicas (en la justicia indígena) que pueden vulnerar derechos», fundamentalmente a mujeres y menores, por lo que otro de los objetivos de este proyecto es que «las comunidades indígenas y sus lideres las identifiquen, busquen alternativas para corregirlas».
Herrero recalca que el proyecto «no busque la confrontación, sino todo lo contrario, el conocimiento, la identificación de las buenas prácticas de la justicia indígena en estas etnias para ponerlas en valor, confrontarlas con las de la justicia occidental» y, en el caso de las que vulneran derechos, generar estrategias para corregirlas.
El coordinador del proyecto valora la participación en el mismo de distintos grupos de las ocho comunidades, entre ellos, niños, adultos, responsables, e, incluso, los caciques.
En la actualidad, en América Latina «hay un campo muy grande de trabajo en esta materia porque todos los países reconocen, incluso constitucionalmente, las singularidades de las distintas etnias y comunidades indígenas y también de su justicia tradicional».
Una vez finalizado este proyecto, la idea es extrapolar sus resultados a otros países de Iberoamérica, pero también a escala mundial, ya que hay países, por ejemplo en África, donde también hay comunidades indígenas, detalla Herrero.
