Doce Gobiernos americanos expresaron hoy en un comunicado conjunto su «enérgica condena» ante la «usurpación» que, consideran, ha hecho la Asamblea Constituyente de Venezuela al asumir las funciones del Parlamento, de mayoría opositora, en medio de la crisis que atraviesa el país.
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La docena de países descontentos con la medida son Argentina Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, que se hacen llamar el Grupo de Lima, tras la declaración suscrita por sus cancilleres hace 10 días en la capital peruana para denunciar una «dictadura» y «quiebre democrático» en Venezuela.
El autodenominado Grupo de Lima consideró en su comunicado que la medida contra el Parlamento venezolano por parte de la Asamblea Constituyente, promovida recientemente por el chavismo, «ratifica la ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela».
En función de la declaración suscrita en Lima el 8 de agosto, los doce países reiteraron su no reconocimiento a la Constituyente, integrada únicamente por oficialistas, y ratificaron su apoyo a la Asamblea Nacional.
Asimismo, reafirmaron su decisión de intensificar consultas para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, instrumento previsto para restablecer el orden democrático dentro de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además de los países que condenan hoy la decisión tomada por la Constituyente, en la cumbre de cancilleres de Lima realizada hace menos de dos semanas participaron otros cinco países que no están presentes en este último comunicado, que son Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Uruguay.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decidió arrogarse las funciones y competencias del Parlamento después de que su directiva no acudiera a la reunión a la que había sido convocada con sus pares de la ANC, órgano que los opositores tildan de ilegítimo y ven como un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura.
La denunciada «usurpación» del Parlamento venezolano por parte del Grupo de Lima se produce mientras el país vive una severa crisis, agudizada desde el 1 de abril con una ola de manifestaciones que ha dejado más de 120 muertos.
