El grupo Odebrecht pagó 3.370 millones dólares en sobornos entre 2006 y 2014, según desveló en una declaración a la Justicia divulgada por el exdirectivo Hilberto Mascarenhas.
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La cifra aparece en una tabla entregada por Mascarenhas a los fiscales de la operación Lava Jato, que desde hace más de tres años investigan los millonarios desvíos que se dieron en el seno de la petrolera estatal.
Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, dedicó 1.460 millones de dólares en sobornos solo entre 2012 y 2013, mientras que en 2014, año en el que la Policía desveló la red de corruptelas, bajó a 450 millones de dólares.
Mascarenhas, encargado del conocido como Departamento de Operaciones Estructuradas, desde donde se distribuían y registraban todas las coimas, reveló en su testimonio que llegó a alertar al expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, del preocupante aumento de la partida destinada para ese fin ilícito.
«Desde 2009 alerté a Marcelo (Odebrecht) de que el volumen de los recursos estaba creciendo de manera brutal», recordó Mascarenhas en su declaración en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia, en el que también participan otros 76 exdirectivos de la compañía.
La política de sobornos, que fue desde los 60 millones de dólares destinados en 2006 y fue creciendo progresivamente hasta los 730 millones de dólares de 2012 y 2013, llegó a ser calificada por Mascarenhas de «suicidio».
«Suicidio financiero, suicidio de riesgo, suicidio de seguridad, suicidio de todo», completó.
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De acuerdo con las investigaciones, había trabajadores dentro de Odebrecht dedicados exclusivamente a procesar el pago de los sobornos a políticos, entre otras autoridades, que eran autorizados directamente por la cúpula de la empresa.
Según Marcarenhas, el departamento realizaba los pagos de dos formas: en Brasil se hacían en especie o por medio de «paquetes/maleta de dinero en lugares predeterminados», mientras que las transferencias bancarias en el exterior eran hechas en cuentas no declaradas ubicadas en paraísos fiscales.
La divulgación de los testimonios de los 77 exdirectivos de Odebrecht, que estaban bajo secreto de sumario, se produjo un día después de que la Corte Suprema anunciara el martes que autorizaba la apertura de 76 investigaciones contra casi cien políticos con fuero privilegiado citados en las delaciones.
En la lista de sospechosos hay ocho ministros del Ejecutivo del presidente Michel Temer y 12 de los 27 gobernadores del país, además de los cinco exmandatarios brasileños vivos: José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
Los relatos revelan la financiación ilegal de campañas, «favores» en dinero para «retribuir» la obtención de obras públicas o la aprobación de leyes que favorecían los negocios de la empresa.
No obstante, el pago de sobornos no se limitó a Brasil y se expandió de la mano de Odebrecht por una docena de países de Latinoamérica -incluido Brasil- y África, según documentos publicados en diciembre pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El escándalo ha alcanzado a figuras importantes del panorama político de la región, pues hay una orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, y salpicado al también exmandatario peruano Ollanta Humala y a los actuales gobernantes de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos, entre otros.
Además de pedir disculpas públicamente, Odebrecht anunció en diciembre pasado la firma de acuerdos por los que se comprometió a pagar multas por 6.959,4 millones de reales (unos 2.200 millones de dólares) a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga.
