La presidenta de la petrolera estatal brasilera Petrobras, Graça Foster, y su junta directiva, fueron despedidos este miércoles por la presidenta Dilma Rousseff, envueltos en un escándalo de corrupción sin precedentes. El resultado de este escándalo podría poner en riesgo la estabilidad de un gobierno brasilero atacado desde varios frentes.
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Foster debió renunciar este miércoles por culpa de la llamada Operación Lava Jato, que investiga la desviación de casi 3700 millones de dólares a empresas de construcción entre 2004 y 2012. Los primeros seis años de este escándalo ocurrieron mientras Rousseff era la directora del Consejo Directivo de Petrobras, además de ser amiga personal de la ex presidenta de la compañía.
Uno de los 39 acusados en la Operación Lava Jato, el contratista Julio Camargo, declaró ante la justicia que había pagado a funcionarios de Petrobras 12 millones de reales (4.5 millones de dólares) para ganar obras de construcción, y afirmó que estos pagos hacían parte de «una realidad institucionalizada» dentro del gigante petrolero.
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Esta cercanía la ha puesto en la mira de grupos opositores, que buscan llevarla a declarar ante el Congreso por el escándalo. Para Aecio Neves, derrotado por Rousseff en las elecciones presidenciales de octubre de 2014, la presidenta creía que manteniendo a Foster al mando de Petrobras «estaría blindada de las irresponsabilidades y desvíos de la compañía», dijo a AFP.
La investigación en Petrobras es una más de las dificultades que afronta Rousseff, acosada desde varios frentes en el primer mes de su segundo gobierno. La sequía que amenaza a dejar sin agua a Sao Paulo y sin alimentos al sur del país se suma a una economía debilitada, a los escándalos de corrupción relacionados con el Mundial de Fútbol y a la gran cantidad de protestas sociales que el país afronta desde 2013.
LA CIFRA
US$3700 millones
Es el dinero entregado entre 2004 y 2012 a constructores por Petrobras, según investigadores de la Operación Lava Jato.
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