Hountsville (EE.UU.), 23 ene (EFE).- El consulado mexicano en Houston (EE.UU.) trabaja en la repatriación, la próxima semana, del cuerpo de Edgar Tamayo a su tierra natal de Miacatlán (México), tras ser ejecutado el miércoles en la prisión de Hountsville, en Texas, informaron hoy fuentes diplomáticas.
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Según las fuentes mexicanas, el consulado en Houston presta ayuda a los familiares de Tamayo para facilitar el proceso de traslado de los restos del preso, cuya ejecución suscitó este jueves una nueva oleada de críticas contra las autoridades de Texas y, en particular, contra el gobernador republicano Rick Perry.
Ajenos a esa oleada de protestas, los familiares y el consulado tramitan ya el «acta de defunción» necesaria para sacar el cuerpo de Estados Unidos.
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Ese trámite tardará «entre tres y cinco días hábiles», según el consulado mexicano.
El cuerpo de Tamayo fue retirado en la noche del miércoles de la cámara de la muerte de la prisión de Huntsville por empleados de una empresa funeraria, que este jueves se encargó de trasladarlo hasta Houston.
Los familiares realizaron este jueves un duelo privado para velar los restos mortales del ejecutado, que serán trasladados por vía aérea la próxima semana hasta México, según el deseo expresado por el propio Tamayo.
Por su parte, los familiares del policía estadounidense Guy Gaddis, asesinado en 1994 por Tamayo, aseguraron que la ejecución del preso mexicano hizo «justicia» y expresaron su agradecimiento a los agentes de Houston que se desplazaron hasta Hountsville para acompañar a la familia.
Dos alcaldes hispanos de Texas se pronunciaron también sobre el debate abierto por la ejecución del mexicano.
En declaraciones a Efe en Washington, el edil de Laredo (EE.UU.), Raúl Salinas, se mostró partidario de la pena de muerte «en ciertos casos» y recordó que en el caso de Tamayo «sus abogados hicieron apelaciones y al final de cuentas yo creo que se terminaron».
«Tenemos que ver también por las familias que fueron agredidas. Se tiene que hacer justicia», insistió.
Sobre el mismo tema, el alcalde de San Antonio, Julián Castro, mencionó que el caso de Tamayo, así como el de otros hispanos en EE.UU., sigue siendo «sensible» para ciertos sectores por los diversos puntos de vista en torno al sistema judicial.
«Entiendo que existe un fuerte sentimiento sobre el tema, no precisamente sobre este caso en específico, pero ciertamente lo hay», dijo Castro.
En el terreno judicial, la preocupación de las autoridades mexicanas y estadounidenses se centra ahora en los 50 mexicanos sentenciados a muerte en EE.UU. incluidos en el «Caso Avena», presentado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2004.
La CIJ ordenó a Estados Unidos que revise las condenas a muerte de aquellos presos que cuyos derechos consulares han sido violados.
A pesar de esa orden judicial, tres mexicanos, incluido Tamayo, ya fueron ejecutados sin que las autoridades de Texas hayan prestado atención a los requerimientos internacionales.
Un día después de la ejecución, y siguiendo la línea de anteriores declaraciones, el Departamento de Estado de EE.UU. «lamentó» la decisión de las autoridades de Texas de no revisar el caso, como había pedido la CIJ en 2004.
El desacato de Texas a la CIJ suscitó también reacciones en Bruselas, donde la Unión Europea expresó su profundo pesar por la ejecución, reiteró su oposición a la pena capital en cualquier circunstancia y denunció que los derechos de Tamayo fueron violados por no permitirle contactar con el consulado de su país cuando fue arrestado.
Perry recibió también duras críticas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que acusó al gobernador republicano de Texas de haber violado obligaciones internacionales de Estados Unidos al ejecutar al preso mexicano.
Aunque el foco de las críticas recae de forma especial en Perry, fueron cuatro las instituciones judiciales que en menos de 24 horas negaron la suspensión de la pena o la clemencia a Tamayo.
Un tribunal del oeste de Texas, la Junta de Perdones, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans e incluso la Corte Suprema de EE.UU., en última instancia, mantuvieron la condena a muerte a pesar del mandato de la CIJ que exigía la revisión del caso.