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El Cairo, 23 nov (EFE).- Decenas de miles de personas se echaron hoy a la calle en El Cairo y otras ciudades egipcias para protestar contra la decisión del presidente de Egipto, Mohamed Mursi, de blindarse ante la Justicia, una medida que este defendió en un discurso ante sus fieles.
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La controvertida declaración constitucional anunciada el jueves, por la que todas las decisiones presidenciales quedan fuera del escrutinio judicial, empujó a los grupos de la oposición no islamista y a asociaciones de la sociedad civil a convocar protestas que en algunos casos tuvieron derivas violentas.
Jóvenes manifestantes incendiaron sedes del islamista Partido Libertad y Justicia, que presidió Mursi, en las ciudades de Alejandría, Suez o Ismailiya.
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La mayor concentración, en la emblemática plaza Tahrir de El Cairo, transcurrió de manera relativamente pacífica, aunque también se registraron algunos choques entre la policía y revolucionarios, que lanzaron piedras hacia las fuerzas de seguridad que custodiaban las cámaras del Parlamento.
Según dijeron a Efe fuentes de la seguridad egipcia, más de 200 personas resultaron heridas durante la jornada en El Cairo y otras 70 en Alejandría.
El Ministerio del Interior señaló en un comunicado que ocho policías, entre ellos un general, también resultaron heridos en los choques.
Una manifestante en Tahrir, que se identificó como Nermin y es miembro del partido Al Dostur, explicó a Efe que se unió a la protestas porque «ha nacido un nuevo dictador, y después de la Revolución del 25 de Enero (de 2011, en la que fue derrocado el presidente Hosni Mubarak) nadie tiene derecho a tomar todos los poderes».
«No nos vamos a ir de aquí hasta que Mursi salga, nos pida perdón y retire el acta constitucional», subrayó Nermin.
No muy lejos de Tahrir, junto al Palacio Presidencial, Mursi aparecía en público por primera vez desde que dictó su decreto, rodeado por los más fieles y subido a un escenario montado por su antiguo partido.
Allí, defendió que nunca ha sido su intención la de acumular poderes, pero que si ve al país en peligro «hará lo que sea necesario» con el objetivo, dijo, de conseguir la estabilidad política, económica y social.
En su declaración presidencial, Mursi también decretó que la Asamblea Constituyente y la Cámara Alta no pueden ser disueltas por los tribunales.
Inmerso en una guerra abierta con el Poder Judicial, Mursi acusó a «quienes se esconden detrás de los jueces» de querer hacer descarrilar la transición a la democracia.
«No me gusta ni quiero utilizar procedimientos excepcionales, pero si veo que mi país está en peligro lo haré, porque es mi deber», señaló, al tiempo que aseguró que tiende la mano a la «oposición real».
«Respetamos la institución judicial, porque en ella hay muchos individuos limpios, pero estamos frente a quienes se esconden tras ella. Los desenmascararemos; que no se piensen que no los vemos», agregó.
Estas polémicas decisiones han abierto varias vías de agua para el primer presidente de Egipto elegido en democracia, no solo entre sus adversarios, sino incluso entre los próximos a él.
Uno de los cuatro asesores presidenciales, el cristiano copto Samir Morqos, anunció en declaraciones a Efe su dimisión «definitiva e irrevocable» motivada por las decisiones de Mursi, que «fueron una sorpresa y se tomaron sin haber consultado previamente a los asesores».
Mientras, el islamista moderado y excandidato presidencial Abdelmoneim Abul Futuh criticó duramente al presidente a través de su cuenta en Twitter.
«La revolución estalló contra el poder individual absoluto, y colar un demanda revolucionaria en medio de un paquete de decisiones dictatoriales es una derrota para la revolución», dijo Abul Futuh, en referencia al decreto, también anunciado ayer, que ordena repetir los juicios contra los responsables de la muerte de manifestantes.
Mientras, el exprimer ministro Ahmed Shafiq, que fue derrotado en la segunda vuelta de las presidenciales por Mursi, difundió un comunicado en el que advirtió al mandatario de que «pagará un alto precio» por el acta constitucional.
«El presidente, con sus resoluciones, ha destruido las bases del Estado egipcio, ha monopolizado de manera absoluta el poder y ha insultado a 90 millones de egipcios», subrayó Shafiq, quien agregó que el texto convierte a Mursi en «una criatura extraterrestre, que no puede ser criticada o procesada por la justicia».
Enrique Rubio
El Cairo, 23 nov (EFE).- La decisión del presidente egipcio, Mohamed Mursi, de extender sus poderes más allá de la ley ha polarizado aún más a un país ya dividido, que se pregunta si ha embarcado a Egipto en una nueva dictadura o sólo ha tomado un atajo para impulsar sus reformas.
Su anuncio constitucional obró el milagro de aunar de inmediato a la llamada oposición civil (no islamista), fragmentada por la lucha de egos y las visiones políticas opuestas de figuras como el izquierdista Hamdin Sabahi, el nacionalista Amro Musa o el liberal Mohamed el Baradei.
La brecha entre los Hermanos Musulmanes, secundados por los salafistas, y la oposición laica ha crecido hasta cerrar la puerta a la posibilidad de una reconciliación nacional a corto plazo.
«Este es un movimiento que podría haber hecho un líder nacional abrumadoramente popular, pero va demasiado lejos para alguien que fue elegido por solo el 51% del electorado», escribe el analista Issandr Amrani en su blog «The Arabist».
En el mejor de los casos, Mursi habrá adoptado una arriesgada decisión para acelerar la aprobación de la nueva Constitución en un momento de parálisis causado por el boicot de las fuerzas no islamistas a la Asamblea Constituyente, que además está amenazada de anulación por la justicia.
En este escenario optimista, el mandatario se convertiría en una suerte de Cincinato, el dictador romano que abandonó voluntariamente el cargo tras cumplir su misión de derrotar a los enemigos de la República, como bien recordaba hoy Nathan Brown, experto del Centro Carnegie para la Paz Internacional.
Sus defensores alegan que Mursi cuenta ahora con el poder necesario para hacer justicia a las víctimas de la revolución -ha ordenado repetir los procesos por los asesinatos de manifestantes- y para enfrentarse a un estamento judicial que, dicen, está copado por fieles al antiguo régimen mubarakista.
Lo cierto es que Mursi, con su declaración constitucional, tiene ahora vía libre para obrar como le venga en gana, amparado únicamente por la supuesta «legitimidad revolucionaria» que invocó en su decreto.
Nadie, ni siquiera el recordado y dictatorial Gamal Abdel Naser, tuvo semejantes poderes en el Egipto moderno como los que Mursi detenta hoy.
El presidente concentra en su persona el poder ejecutivo y el legislativo, y además ahora sus decisiones ni siquiera están sometidas al escrutinio judicial, a la espera de que se apruebe una nueva Carta Magna y se elija a un Parlamento.
La furibunda reacción de los jueces ante los decretos abre un resquicio a una inquietante insumisión judicial, como sugirió el presidente de la mayor asociación de la magistratura, que podría sumir al país en una grave crisis de legitimidad.
La propia vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Tahani el Gebali, conocida por su escasa devoción hacia los islamistas, dijo anoche a Efe que sus decisiones convierten a Mursi en un presidente «ilegítimo».
Las redes sociales en Egipto especulan en las últimas horas con la posibilidad de que el Constitucional deslegitime oficialmente al presidente, enfrentado con los jueces prácticamente desde el día después de su toma de posesión.
El momento elegido por el presidente para situarse por encima de la ley, justo tras conseguir una tregua entre israelíes y palestinos en Gaza, sorprendió a todo el país, que esperaba novedades pero no de semejante calado.
Sin embargo, el caluroso recibimiento que tuvo internacionalmente su labor mediadora no supone necesariamente una traslación a la política interna, donde los problemas se le han seguido acumulando esta semana mientras negociaba con Israel y Hamás.
Enrique Rubio