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Asunción, 22 jun (EFE).- El exobispo Fernando Lugo perdió hoy la Presidencia de Paraguay tras ser considerado «culpable» de mal desempeño en sus funciones en un precipitado «juicio político» que no pudieron contener ni las gestiones mediadoras de una amplia misión de cancilleres enviada de urgencia por la Unasur.
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En apenas 30 horas, Lugo fue juzgado y sentenciado y su vicepresidente, Federico Franco, asumió hoy la Presidencia hasta el término del mandato, el 15 de agosto de 2013.
En su primer discurso como jefe de Estado, Franco prometió que gobernará buscando el consenso de todos los partidos, a los que mencionó uno a uno, durante una «transición» que, defendió, «se realiza dentro del orden constitucional» y «de ninguna manera pone en riesgo la vigencia y principios democráticos universales».
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Varios gobiernos latinoamericanos, como los de Argentina, Ecuador y Venezuela, anunciaron ya que no le reconocen como presidente.
Aunque Lugo no fue el único en someterse a este procedimiento constitucional, sí fue el primer presidente de la Historia de Paraguay en ser destituido y, aunque peleó hasta el último segundo, enseguida dio un discurso acatando la decisión pese a que la ley «haya sido torcida como una frágil rama al viento», según sus palabras.
«Esta noche salgo por la puerta más grande de la patria, salgo por la puerta del corazón de mis compatriotas», dijo un Lugo que hoy perdió su habitual sonrisa, en medio de los aplausos de sus colaboradores, presentes en su despedida en el Palacio.
«Fernando Lugo no responde a clases políticas, no responde a la mafia ni al narcotráfico», dijo en una alusión aparente a las denuncias en ese sentido contra Horacio Cartes, precandidato presidencial «colorado» al que el exobispo responsabiliza del enjuiciamiento en su contra.
El presidente que logró en 2008 acabar con 61 años de dominio político de los «colorados» lo intentó todo en su defensa, desde plantear en el Supremo una «acción de inconstitucionalidad», a pedir un aplazamiento de tres días de las sesiones del juicio y, finalmente, que se desestimaran los cargos por falta de pruebas.
No acudió en persona, sin embargo, a la sesión en la que podía defenderse, que encomendó a su equipo jurídico y siguió desde Palacio arropado por la delegación de la Unasur.
La enconada lucha por la tierra en Paraguay, que se tiñó de sangre hace una semana con 17 muertos durante un desalojo en la hacienda de un político «colorado» en Curuguaty (nordeste), ha sido el principal argumento esgrimido por sus opositores contra el exobispo que llegó a la Presidencia en 2008 como abanderado de los «sin tierra» y los desposeídos de Paraguay.
Pero otras acusaciones que le han costado el cargo simbolizan el malestar de sus oponentes, incluso dentro de la coalición de Gobierno con el Partido Liberal, por su flirteo con la izquierda y su política internacional.
Un acto político izquierdista en un cuartel en 2009 y el apoyo al Protocolo Ushuaia II del Mercosur figuran en el «libelo acusatorio», como su presunto instigamiento de las ocupaciones campesinas en la región sojera de Ñacunday o la ola de inseguridad en el país.
Treinta y nueve senadores votaron en contra del mandatario, que sólo consiguió el apoyo de cuatro en una cámara alta constituida como «tribunal» para el juicio promovido por la de Diputados.
Previamente, los liberales le habían retirado su apoyo y ordenado la renuncia de sus cuatro ministros en el Gobierno, que hoy mismo aceptó Lugo en su último decreto como presidente.
La sentencia llegó precedida por un fuerte comunicado de la Unasur, leído en el Palacio por el secretario general del bloque,
Alí Rodríguez, que alertó de la «ruptura del orden democrático» que se estaba produciendo «al no respetar el debido proceso» al presidente por el poco tiempo ofrecido para articular una defensa.
Los Gobiernos de la Unasur «evaluarán en qué medida será posible continuar la cooperación en el marco de la integración suramericana» con Paraguay, advirtieron.
Ciertamente el Senado tuvo que comprimir las sesiones del apretado calendario de juicio que había aprobado ayer para llegar a su veredicto a las 17.28 horas locales (21.28 GMT), poco antes de que cayera la noche sobre Asunción, como había pedido ayer un senador temoroso de que se desatara la violencia.
Apenas hubo incidentes reseñables en la manifestación de cientos de seguidores de Lugo que se desarrolló durante horas frente al Legislativo, y a los que el destituido presidente pidió calma al despedirse para que «la sangre de los justos no se derrame nunca más por causa de intereses mezquinos».
Asunción, 22 jun (EFE).- El nuevo presidente de Paraguay, Federico Franco, pidió hoy a los líderes vecinos, en particular los socios del Mercosur, que «entiendan» la situación creada en su país y acepten que hará «el mayor de los esfuerzos para que ésto se normalice».
En una rueda de prensa, Franco anunció sus primeros dos nombramientos, los ministros de Interior y Exteriores, cargos que recayeron en Carmelo Caballero y José Félix Fernández Estigarribia, respectivamente.
El objetivo es, dijo, dejar claro el mensaje de que Paraguay tiene «un norte que orienta su política exterior» así como la voluntad del nuevo Gobierno de «devolver seguridad a la ciudadanía».
Franco aludió a la inminente cumbre de Mercosur en Argentina, dando a entender que no acudirá, pues -dijo- «lo más importante es quedarnos a organizar la casa» y «si es necesario irá el canciller».
«Lo más importante es mantener las relaciones con los países vecinos», observó.
Para el resto de los nombramientos en su Ejecutivo, dijo, se tomará «un poco de tiempo», hablando incluso con los ministros que siguen en funciones tras la destitución de Fernando Lugo.
Franco aseveró que le «encantaría» formar un «gabinete multicromático» con los «mejores paraguayos, sin tener en cuenta su afiliación política», por primera vez en la Historia del país.
Una solución «inmediata» al conflicto de la tierra fue la primera promesa del gobernante, que también ofreció a su antecesor «que se quede el tiempo necesario» en la residencia presidencial hasta que pueda organizar su mudanza, así como «las garantías constitucionales que le corresponden».
Varios gobiernos latinoamericanos, como los de Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, anunciaron ya que no reconocen a Franco como presidente.