Lima, 30 may (EFE).- Las autoridades y pobladores de la región Cajamarca, en el norte de Perú, reanudarán mañana sus protestas contra el proyecto minero aurífero Conga en medio de una coyuntura de agitación social en el país que ha dejado dos muertos y decenas de heridos en la última semana.
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Convocados por el Frente de Defensa de Cajamarca, las autoridades y ciudadanos de esa región protagonizarán el jueves una marcha en rechazo a la decisión del Gobierno de permitir el inicio del proyecto Conga con nuevas condiciones ambientales y laborales.
El pasado 21 de abril, el presidente de Perú, Ollanta Humala, dio luz verde a Conga, pero puso nuevas condiciones a la empresa Yanacocha, la mayor productora de oro de Suramérica, como cuadruplicar las reservas de agua, establecer un fondo social y crear 10.000 puestos de trabajo directos.
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Humala anunció su decisión poco después de recibir el informe de un peritaje internacional que se hizo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga, que es rechazado por los cajamarquinos porque plantea desecar dos lagunas para explotar la mina y depositar los relaves (desechos mineros) en otras dos.
El gobernante enfatizó que Yanacocha, que tiene como socio mayoritario a la norteamericana Newmont, deberá atender la recomendación del peritaje de evitar que las lagunas Azul y Chica sean utilizadas como depósito de los desechos.
Los cajamarquinos iniciaron en noviembre pasado una serie de movilizaciones para exigir que se declare «inviable» el proyecto Conga, ya que consideran que dañará de manera irreversible sus reservas de agua.
Newmont, que plantea invertir 4.800 millones de dólares en desarrollar el proyecto, señaló el pasado 15 de mayo que anunciará su decisión final sobre Conga a mediados de junio próximo.
La reanudación de las protestas en Cajamarca reabrirá un nuevo frente al conflicto social que afronta el Gobierno de Humala, generado por las protestas antimineras, que esta semana desencadenaron en graves enfrentamientos en la provincia sureña de Espinar.
Los choques entre manifestantes y policías dejaron dos civiles muertos y más de 80 heridos, así como decenas de detenidos, entre ellas el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, y el presidente del Frente de Defensa, Herbert Huamán, acusados de promover un paro indefinido contra la mina de cobre Tintaya, de la suiza Xstrata.
La situación llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia (excepción) en esa provincia y ha generado críticas incluso al interior de la bancada parlamentaria del partido gobernante Gana Perú.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que en Perú existen unos 250 conflictos sociales vigentes, la mayoría por temas medioambientales, y organizaciones empresariales indican que se amenazan unos 53.000 millones de dólares en inversiones mineras previstas para los próximos años.
En lo que va del Gobierno de Ollanta Humala, que comenzó en julio del año pasado, se han reportado 12 muertos en conflictos sociales y durante el pasado régimen de Alan García (2006-2011) murieron 195 personas, 30 de ellas policías, y 2.312 resultaron heridas, según la Defensoría.