0 of 2
Lima, 29 may (EFE).- La policía peruana recuperó hoy el control en la provincia de Espinar, al sureste de Perú, tras la declaración de emergencia en esa zona y donde ayer murieron dos personas en las protestas contra la minera suiza Xstrata.
PUBLICIDAD
El noveno día del paro indefinido lanzado por el Frente de Defensa de Espinar transcurrió en aparente calma, con un numeroso contingente policial enviado para custodiar esa provincia y que detuvo a los principales dirigentes de la protesta.
Los pobladores de Espinar apoyan el paro, con el respaldo de la municipalidad, para protestar contra los perjuicios medioambientales que aparentemente genera el yacimiento de cobre de Tintaya, a cargo de Xstrata.
Recomendados
Culpan a enfermero de matar a cuatro pacientes inyectándoles aire
Cuatro muertos y 30 heridos deja grave accidente de tránsito en Brasil
La reina Isabel II pasó la noche en un hospital y hay intriga sobre su estado de salud
Los promotores del paro también pretenden que la minera incremente el pago del aporte a las comunidades (canon) del 3 al 30 por ciento.
Después de los violentos enfrentamientos de ayer en las inmediaciones del yacimiento cuprífero, que causaron dos muertos y decenas de heridos, la fiscalía ordenó la detención de los dirigentes y pobladores que causaron destrozos en las instalaciones de la minera y quemaron una camioneta de la fiscalía.
El fiscal de la Nación, José Peláez, confirmó que 25 personas, entre las cuales hay un menor de edad, fueron detenidas por la policía y eran interrogados hoy para determinar su responsabilidad en los hechos.
El presidente del Frente de Defensa de Espinar, Herbert Huamán, fue uno de los dirigentes detenido este martes cuando se encontraba en un centro de salud de esa provincia y daba declaraciones a los periodistas sobre los sucesos de la víspera.
Un comunicado del Ministerio del Interior señaló que Huamán fue detenido cuando «convocaba a nuevas movilizaciones», a pesar de que están prohibidas las reuniones públicas por el estado de emergencia, decretado ayer en Espinar.
Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que las Fuerzas Armadas fueron autorizadas a intervenir como apoyo a la policía con el fin de garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales en establecimientos públicos y privados en la provincia de Espinar.
Las Fuerzas Armadas estarán enfocadas a resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población, como los servicios de agua, luz, vías de acceso, entre otros, agregó el comunicado oficial.
De otro lado, el alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, dijo al portal de Ideeleradio que también había una orden de captura en su contra por apoyar el paro, pero que se había puesto en una «situación de reserva» para evitar su detención, hasta tener las garantías de un debido proceso.
Mollohuanca manifestó que el Gobierno peruano ha caído en una «contradicción absoluta» porque «si las fuerzas del orden van a detener a todos -inclusive hay una orden de captura contra mi persona- no sé con quién va a dialogar».
El Gobierno del presidente peruano, Ollanta Humala, envió una comisión de alto nivel a Espinar el pasado fin de semana para dialogar sobre sus demandas, pero los dirigentes encabezados por Huamán rechazaron reunirse con los comisionados y reclamaron la presencia de varios ministros.
Fuentes de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani confirmaron a Efe que dos de sus activistas, el coordinador de medio ambiente Jaime Borda, y el promotor de derechos humanos Romualdo Tito, fueron detenidos ayer por la policía en Espinar.
Ambos activistas y dos abogados de la Vicaría acompañaban al fiscal Héctor Herrera al yacimiento minero para verificar las detenciones ocurridas ayer, cuando fueron intervenidos también por la policía en forma arbitraria, indicó a Efe un portavoz.
La Vicaría, instancia de la iglesia Católica y los derechos humanos, ha colaborado en los últimos años en las negociaciones de la población con la minera y participado en la supervisión del manejo medioambiental de sus actividades.
Lima, 29 may (EFE).- El alcalde de la provincia peruana de Espinar, Oscar Mollohuanca, confirmó que hoy ha pasado a la clandestinidad ante una supuesta orden de captura dictada en su contra por las autoridades judiciales.
Mollohuanca declaró al canal N de la televisión local que tomó la decisión a pesar de que no ha recibido ninguna notificación después de las violentas manifestaciones que el lunes dejaron dos muertos y decenas de heridos tras enfrentamientos entre pobladores y policías.
«Estoy haciendo (esto) solo por una precaución para mi integridad física, yo iré (ante las autoridades) cuando haya los documentos respectivos oficiales», señaló.
Después de los violentos enfrentamientos del lunes en las inmediaciones del yacimiento cuprífero Tintaya, de la minera suiza Xstrata, la fiscalía ordenó la detención de los dirigentes y pobladores que causaron destrozos en las instalaciones y quemaron una camioneta de la fiscalía.
El presidente del Frente de Defensa de Espinar, Herbert Huamán, fue uno de los dirigentes detenido hoy cuando se encontraba en un centro de salud y daba declaraciones a los periodistas sobre los sucesos de la víspera.
Un comunicado del Ministerio del Interior señaló que Huamán fue arrestado cuando «convocaba a nuevas movilizaciones», a pesar de que están prohibidas las reuniones públicas por el estado de emergencia que se decretó el lunes en Espinar.
Mollohuanca rechazó hoy, por su parte, las informaciones que lo responsabilizan de los enfrentamientos entre los pobladores que protestan contra la minera y la Policía.
«El estado a través de sus fuerzas represivas es también culpable, esto queda para su deslinde en el Poder Judicial», remarcó.
El alcalde agregó que está haciendo «todas las coordinaciones respectivas para hallarle una salida a esta situación» en su provincia.
Agregó que antes de la actual protesta las autoridades de Espinar llegaron a viajar hasta la sede matriz de Xstrata en Suiza para presentar sus quejas por los supuestos daños ambientales que causa la mina Tintaya.
«Obtuvimos una respuesta monótona, en el sentido de que no hay contaminación, no hay problemas sociales y todo está perfecto», añadió para luego reiterar que «hay serios problemas que la empresa no quiere reconocer».
El alcalde dijo que la población de Espinar quiere que primero «se resuelvan todos estos pasivos ambientales que se han generado» y ratificó que están a favor de «una minería responsable con el medio ambiente, respetuosa de su entorno social».
«Buscando ese diálogo hemos llegado hasta Suiza ¿hasta donde más podemos llegar?», se preguntó.
La policía peruana recuperó hoy el control en Espinar, al sureste del país, tras la declaración de emergencia y mientras se cumplía el noveno día del paro indefinido en aparente calma, pero vigilado por un numeroso contingente policial.
Los promotores del paro también pretenden que la minera incremente el aporte económico voluntario que entrega a las comunidades de su provincia un 3 al 30 por ciento de sus ganancias.
La Presidencia del Consejo de Ministros informó, por su parte, que las Fuerzas Armadas fueron autorizadas a intervenir en apoyo a la policía con el fin de garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales en establecimientos públicos y privados de la provincia.