Washington, 24 may (EFE).- La lucha contra el crimen organizado contribuyó a los problemas «más graves» de derechos humanos registrados en México en 2011 y los narcotraficantes, en particular, son aún los principales autores de crímenes violentos en ese país, advirtió hoy el Departamento de Estado.
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En su informe anual sobre derechos humanos dirigido al Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado dijo que en múltiples casos, las organizaciones del crimen trasnacional recurrieron a «tácticas brutales» contra la ciudadanía y, de hecho, «siguieron siendo los autores más significativos de crímenes violentos en el país».
En su lucha por controlar las rutas del narcotráfico, estos grupos no tuvieron objeciones en atacar a la población civil, al punto que participaron en tráfico de personas y la intimidación de periodistas y defensores de los derechos humanos, señaló el informe.
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Tanto dentro como a veces fuera del marco de la lucha contra el crimen organizado, también las fuerzas de seguridad presuntamente «participaron en asesinatos ilegales, desapariciones forzosas, y casos de abuso y tortura», señala el documento.
Pese a algunos arrestos por corrupción, México siguió registrando en 2011, una «extensa impunidad» en casos de abusos de los derechos humanos por parte de funcionarios civiles y militares.
Durante una rueda de prensa, el subsecretario de Estado para asuntos de Democracia y Derechos Humanos, Michael Posner, dijo hoy que buena parte de la «violencia endémica» en México se deriva del narcotráfico y la lucha del Gobierno mexicano contra esos grupos.
Posner recordó que ha sostenido numerosas reuniones con miembros del Gobierno y el Ejército en México para discutir los abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y cómo mejorar la rendición de cuentas por esos problemas.
«El esfuerzo a más largo plazo debe ser el construir una estructura policial y de justicia criminal que responda a estos casos fuera del (ámbito del) Ejército. El presidente (mexicano Felipe) Calderón lo entiende y también el resto del mundo», dijo Posner, acompañado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Posner no comentó sobre las repercusiones que puede tener este informe en el desembolso de parte de los fondos que EE.UU. otorga a México dentro de la Iniciativa Mérida, que están condicionados a mejoras en los derechos humanos.
El informe, que por ley debió salir originalmente a finales de marzo pasado, mencionó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) y a otras fuentes que el año pasado denunciaron delitos como secuestros, abuso físico, condiciones paupérrimas y de hacinamiento en las cárceles y arrestos y detenciones arbitrarias.
Estos grupos también constataron problemas de corrupción y falta de transparencia que «engendraron impunidad dentro del sistema judicial», además de confesiones extraídas mediante tortura.
Además se mencionan, entre los problemas en México el año pasado, los asesinatos de mujeres, la violencia doméstica y las amenazas y actos de violencia contra periodistas, que en algunos casos llevaron a la autocensura.
También hubo tráfico de personas, discriminación de miembros de grupos indígenas y trabajo infantil, según el informe.
El análisis fue divulgado en unos momentos en que el tema de seguridad centra la atención de la contienda electoral en México, que el próximo 1 de julio elegirá a un nuevo presidente para otro sexenio.
La violencia del narcotráfico, así como la lucha contra las organizaciones delictivas en México, han dejado unos 50.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón desplegó al Ejército a los estados más afectados por el crimen organizado.