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San José, 24 feb (EFE).- Luis Gonzalo «Richard» Vélez Restrepo, periodista colombiano exiliado en Estados Unidos, pidió hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que haga justicia y se castigue a los militares que lo agredieron y amenazaron de muerte por ejercer su labor en Colombia en 1996.
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«Estamos pidiendo que se haga justicia, que se castigue a los responsables de la agresión y de un año de persecución que tuvimos en nuestro país», declaró Vélez a Efe después de dar su testimonio ante los jueces de la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica.
El comunicador, quien ahora trabaja como guía turístico en Estados Unidos, donde vive exiliado con su familia desde 1997, dijo que al llegar a la CorteIDH siente como si estuviera «al final de un túnel», y que su mayor ambición es que «se haga justicia».
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Vélez tuvo que salir de Colombia hacia Estados Unidos por temor a ser asesinado luego de que durante casi un año recibiera amenazas de muerte a raíz, según dijo, de haber denunciado a los militares que lo agredieron mientras trabajaba en 1996.
El periodista cubría una protesta campesina en la región de Caquetá el 29 de agosto de 1996, cuando efectivos del Ejército, al percatarse que grababa agresiones contra los manifestantes, lo golpearon y destruyeron su cámara.
Vélez narró a los jueces que sufrió fuertes golpes en su estómago, pecho, costillas y testículos por parte de los militares, por lo que estuvo incapacitado durante dos semanas.
Sin embargo, el material grabado no fue destruido y tuvo una amplia difusión a nivel local e internacional.
Posteriormente, dijo Vélez, tras denunciar a sus agresores comenzó a recibir amenazas telefónicas y cartas con frases como «Los sapos mueren aplastados» y «Te vas a morir», y aseguró que incluso su hijo de 4 años fue fotografiado por desconocidos en el jardín de niños.
El periodista narró entre lágrimas que su familia también fue amenazada y que decidió salir de Colombia hacia Estados Unidos en octubre de 1997 después de escapar de un grupo de hombres que intentó secuestrarlo.
«Creo que querían llevarme y desaparecerme. Estoy seguro que eran militares porque identifiqué a uno de ellos al verle la cara», afirmó Vélez a los jueces.
El periodista tuvo que abandonar a su esposa y dos hijos para salir del país, pero logró que ellos se le unieran un año después por medio del asilo político concedido por Estados Unidos.
«El exilio es lo peor que le puede pasar a una persona. Alejarse de su entorno, de su familia. Nunca volví a ver a mis hermanos y mi madre murió sin poderme despedir. El exilio no se lo deseo a nadie», expresó Vélez, quien sueña con regresar a su país, pero aún no se siente seguro para hacerlo.
«Es muy importante saber que el proceso va a terminar y va a haber una decisión. Esperemos que sea para el bien de nosotros, la tranquilidad de la familia y la libertad de prensa», agregó.
La relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Carolina Botero, dijo durante la audiencia que este caso es «emblemático» para la libertad de expresión del continente y que «existe una necesidad urgente de hacer justicia»
Por su parte, el perito propuesto por el Estado, el periodista José Francisco Tulande, declaró que diversas investigaciones han determinado que en Colombia nunca ha existido una política de Gobierno para amedrentar, intimidar o agredir periodistas, aunque reconoció que agentes estatales han cometido agresiones.
El perito explicó que desde la década de 1980 el narcotráfico desató una «guerra sin cuartel» y que los periodistas se convirtieron en «protagonistas indirectos, directos y hasta víctimas» de ese entorno.
Tulande aseguró que debido a diversas acciones del Gobierno, en los últimos años en Colombia «han mermado el hostigamiento y la intimidación contra los periodistas».
La CorteIDH podría dictar sentencia por este caso en los próximos meses.