El ejercicio del periodismo en Antioquia se ha visto opacado por el crimen organizado, que ha obligado a algunos profesionales, luego de varios meses de trabajo investigativo, a tener que pensar dos veces a la hora de publicar sus artículos periodísticos por temor.
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Juan David Betancur, presidente de la Mesa de Derechos Humanos de periodistas en Antioquia, -ente creado por los periodistas para velar por los derechos del gremio-, dice con preocupación que el panorama actual para el ejercicio del periodismo en el departamento no es positivo.
“Si se toma como referencia el año inmediatamente anterior, el panorama es totalmente desalentador. Terminamos el año con 16 periodistas entre asesinados y amenazados. Este mes se cumple un año de la muerte del periodista Leonidas González, que fue asesinado en el municipio de Bello y es la hora que la Fiscalía no tiene ni el menor indicio de quién cometió el crimen ni quién es el autor intelectual”, afirmó Betancur.
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El defensor recuerda que 15 días antes de la muerte de Leonidas González, periodista deportivo, este le había comentado que había recibido amenazas, pero que no quería que sacara ningún tipo de alerta sobre la situación. “Recibió varias llamadas y mensajes de texto exigiéndole que cerrara la boca, pero él no quiso que se hiciera la alerta y un par de semanas después lo mataron”.
Betancur también fue enfático al decir que actualmente “no hay garantías y que el estado a través de la pauta quiere comprar la conciencia y el pensamiento editorial de los medios, coartando la labor del periodismo”.
El ejercicio de la profesión
En Medellín ejercer el periodismo en las laderas genera un alto riesgo, “en los barrios del Área Metropolitana es complicado porque allí no se puede hacer periodismo de denuncia social, no hay garantías. Si se va a visibilizar una problemática, hay lugares en donde los periodistas temen entrar porque hay crecimiento de los grupos ilegales y de los mismos combos”, agregó Betancur.
El defensor indicó que los periodistas optan por la autocensura, porque les da temor denunciar. “Como presidente me han hecho comentarios y me dicen que no haga público lo que me cuentan por temor. El miedo reina en el ejercicio periodístico en Medellín, hay miedo al grupo ilegal, hay miedo a perder la pauta, hay miedo a que los constriñan. Por eso trabajamos en la defensa desde lo jurídico y también en dignificar la profesión”.
Lo que dicen los periodistas
Maryluz Avendaño, periodista y corresponsal de El Espectador en Medellín, dijo que la autocensura está presente porque al realizar denuncias se pone en riesgo la vida y no hay garantías.
“Hace unos años tuve una experiencia bastante complicada al hacer unas denuncias que me generaron amenazas serias, me tocó salir del país y luego estar con escoltas. Entonces, uno se mide a la hora de publicar. Es una situación muy compleja porque, lastimosamente, la protección que le brindan a los periodistas no es la que debieran, es por un tiempo determinado, entonces es estar poniéndose en un riesgo constante”, dijo Avendaño.
Una de las principales razones por la que los periodistas se autocensuran es por la capacidad que tienen esas estructuras de saber quién está detrás de las investigaciones, “entonces cuando uno sabe que hay tentáculos tan fuertes que pueden tener influencias dentro del mismo estado, es ahí donde uno la piensa dos veces”.
La ruta de ayuda
Juan Fernando Gómez Gómez, personero (e) de Medellín, explicó que la unidad permanente para los derechos humanos tiene un equipo de profesionales que le brindarán el apoyo a quienes por el ejercicio de su profesión, actividad social o comunitaria reciban algún tipo de amenazas.
«Esa ruta de atención es en la personería de Medellín, allí se toma la declaración de ese hecho amenazante, para posteriormente llevarlo a valoración a la Unidad Nacional de Víctimas y hacer la solicitud a la Unidad de protección para que se evalúe el nivel de riesgo, para brindar todas las medidas necesarias», indicó el personero (e).
El funcionario indicó que los casos más recientes se han presentado con periodistas del Bajo Cauca, que debieron trasladarse a Medellín porque recibieron amenazas por unas denuncias que publicaron sobre minería ilegal.