La razón es porque la representante legal de la firma Efectivo fue detenida por la investigación relacionada con los llamados Papeles de Panamá.
En un comunicado difundido, EPM explicó que adoptó la decisión «como medida preventiva» y en concordancia con su «política de cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno».
«EPM informa a la opinión pública que ante la situación conocida a través de los medios de comunicación y algunas acciones adelantadas por las autoridades competentes, a partir de hoy, 13 de octubre de 2017, se da por terminado el contrato de recaudo», agregó el comunicado.
El pasado 4 de octubre, la Fiscalía colombiana detuvo a cuatro personas, entre ellas un ciudadano ecuatoriano, como parte de esa investigación mundial.
Los capturados son el ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal en Colombia de la firma Mossack Fonseca; Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y representante legal de empresas Efectivo; Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo.
La Fiscalía detalló entonces en un comunicado que «la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior».
Por este caso también serán imputados por el delito de «falsedad ideológica en documento privado» los representantes legales, contadores y revisores fiscales de las compañías Inversiones Zambrano Pinzón Asociados, sociedad Artextil, la sociedad El Heraldo, Rymel Ingeniería Eléctrica y Medicina Nuclear Diagnostica, a cuyos miembros también los acusarán de cometer fraude procesal.
Los Papeles de Panamá originaron un escándalo en abril de 2016 tras la filtración del supuesto uso de sociedades anónimas creadas por el bufete Mossack & Fonseca para el ocultamiento en 21 paraísos fiscales de fortunas obtenidas de forma irregular y la evasión fiscal de políticos y otros personajes de decenas de países de todo el mundo.
Según la Fiscalía, las sociedades extranjeras «eran meras fachadas» con las que Mossack Fonseca firmó contratos por «servicios ficticios» que nunca prestaron con empresas locales, que sí pagaron las facturas falsas.
