¿Cómo está Medellín frente al cumplimiento de los derechos sexuales de las mujeres?

La Interrupción Voluntaria del Embarazo es uno de los derechos sexuales que ha sido reconocido por la Corte Constitucional Colombiana, pero es, tal vez, el que requiere mayor atención y cumplimiento.

Por Ariadne Agamez Lombana

Mariana tenía 28 años cuando todo comenzó. Vivía en Medellín con su familia y estaba afiliada a la EPS Cafesalud. Durante muchos años planificó de manera responsable, sabía claramente la responsabilidad de ser madre y lo que conlleva tener hijos, pues ya tenía una pequeña de 4 años.

Era una mujer que por cuestiones del destino, por no decir más, era cabeza de familia. Bajo su cuidado estaba su abuela, una mujer mayor que padecía de isquemia cerebral, una enfermedad que afecta el flujo sanguíneo en el cerebro y produce deterioros severos en la salud. Por otro lado, también su hermano dependía económicamente de ella, un joven sordo mudo con trastorno bipolar. Y, además tenía a su propia hija.

Mariana quedó en estado de embarazo, desde el momento en el que se enteró sufrió una afectación en su salud. Empezó a presentar sentimientos de angustia, tristeza, estados de ansiedad y depresión. Lloraba sin parar, presentaba pérdida de sueño y del apetito. Sabía que tener otro hijo afectaría su mínimo vital y a su vez tendría un efecto sobre todas las personas que dependía económicamente de ella.

Mariana fue valorada por un psicólogo de una IPS privada, quien efectivamente certificó la afectación a la salud mental que presentaba a consecuencia del embarazo. Basado en esto, radicó ante su EPS la solicitud de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), por la causal de afectación a la salud integral. El argumento de Mariana estaba soportado en la sentencia C-355 de 2006 y en los pronunciamientos posteriores de tutela de la Corte Constitucional.

Desde ese momento empezó una cadena de obstáculos para poder lograr la IVE. La EPS reinició el proceso y solicitó nuevamente una valoración. El médico de la EPS ratificó que existía una afectación en la salud mental y emocional de Mariana. La EPS autorizó el servicio de IVE; pero no fue suficiente, pues no se encontraba un prestador de salud que realizara el servicio.

Dos meses tuvo que esperar Mariana, llegando a un estado avanzado de embarazo. Fue la Secretaría de Salud de Antioquia quien tuvo que intervenir para gestionar todos los procedimientos y que se lograra garantizar el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo. Finalmente, hasta que intercedió la Superintendencia de Salud, la EPS realizó el procedimiento.

Juliana Martínez, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres, explicó que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), es un derecho fundamental de las mujeres y se puede aplicar en tres casos: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando el embarazo constituye un riesgo para la salud integral o para la vida de la mujer y cuando el feto presenta una malformación incompatible con la vida fuera del útero.

“Tenemos experiencia acompañando jurídicamente a mujeres que buscan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Hemos acompañado a más de 1.000 mujeres y eso nos ha permitido identificar las barreras que encuentran cuando buscan acceder a su derecho”, comentó Martínez.

Dentro de las principales barreras que se encuentran las mujeres está el desconocimiento sobre el marco normativo vigente, lo que evidentemente limita el acceso. Muchas veces las mujeres son sometidas a valoraciones que no están establecidas entre los requisitos, como juntas médicas o valoraciones psiquiátricas.

“Cada una de las causales tiene un requisito, cuando es producto de una violación se requiere copia de la denuncia penal; cuando es un riesgo para la salud se requiere de un certificado de riesgo emitido por un profesional de la salud, y cuando el feto presenta una malformación es un certificado médico que da cuenta de ello. Todas esas prácticas adicionales se convierten en barreras”, agregó la coordinadora.

Por su parte Gloria Gómez, Secretaria de la Mujer de Medellín, comentó que en la ciudad este tema se aborda desde el fortalecimiento institucional, está en la agenda de la Comisión 2ª con lo que se busca hacer seguimiento del acceso de las mujeres a este derecho, según lo acordado en el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres.

“Esta agenda se ha mantenido abierta sin que a la fecha de este informe, la Secretaría de las Mujeres haya recibido o haya sido alertado en casos de IVE que den cuenta de barreras insuperables. Desde el mecanismo de Atención psicojurídica en el territorio, de septiembre a diciembre de 2016, se acompañaron 4 casos. De marzo 10 de 2017 y el 20 de julio de 2017 se han acompañado 3”, informó Gómez.

El registro de los casos de Interrupción Voluntaria del embarazo, según el Informe Epidemiológico de Evento de la Secretaría de Salud de Medellín, indicó que “se ha tenido avances en la ciudad, por ejemplo en el año 2013 se lograron recuperar 33 registros, para el año 2014: 516 y para el 2015: 836 registros de mujeres atendidas en las IPS de la Ciudad de Medellín en las tres causales, independientemente del lugar de residencia”.

_______________________________________________________________

Las cifras

Para el año 2016 se registraron 1151 casos de IVE notificados por las IPS de Medellín, de mujeres residentes en el Departamento de Antioquia, comparado con la cifra de 2015 que corresponde a 836 casos se observa un incremento en la notificación de casos de 37.7%.

De los 1151 casos reportados en el departamento, 816 (70.9%) eran residentes del municipio de Medellín. En el 2016 se registró un incremento de casos de IVE en menores de edad, llegando a 13 casos en menores de 14 años.

La causa principal por la que se realiza el IVE es: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o salud de la mujer y presenta un incremento porcentual para el año 2016 respecto al 2015 de 86.6% a 91.6%.

_______________________________________________________________

De acuerdo con Profamilia estas son las principales barreras con las que se enfrentan las mujeres cuando quieren acceder al derecho de IVE.

  • Desinformación sobre el derecho y las causales
  • Mal uso de la figura de objeción de conciencia
  • Barreras administrativas que dilatan la atención
  • Violencia psicológica
  • Información no veraz y científica que confunde
  • Mentiras sobre el aborto y sus consecuencias
  • Juicios y discriminación por parte del personal de salud
  • Denuncias contra las mujeres que buscan acceder a un aborto legal
  • Intimidación y amenazas
  • Violación de su privacidad
Contenido Patrocinado
Loading...
Revisa el siguiente artículo