¿Por qué las extorsiones a comerciantes y al transporte público se volvieron parte del paisaje en Medellín?

La presencia de los combos en los diferentes barrios y comunas de la capital antioqueña es una realidad, nadie lo oculta ni lo niega. Ellos se han encargado de controlar los territorios y de marcar fronteras invisibles para demarcar los límites del área en el que operan. Hasta ahí, no hay novedad alguna.

Por Ariadne Agamez Lombana

Sin embargo, existe una realidad que asusta y es cómo a los ciudadanos se les ha convertido en ‘normal’ la presencia y operación de los combos, particularmente el pago de las extorsiones, una de las tantas actividades que ejecutan las bandas para obtener sus rentas, rentas que por supuesto son ilegales.

Mauricio* es un comerciante en la comuna 16, Belén; al sur de la capital antioqueña, él reconoce que desde hace mucho tiempo los comerciantes en Medellín han tenido que incluir dentro de sus gastos el pago a los combos, así como si fuese un impuesto.

“Ya todos saben que cada semana las tiendas les tienen que pagar $60.000 pesos para poder trabajar, entonces eso es un valor que se incluye dentro del presupuesto”, afirmó Mauricio.

Pero el cobro de las extorsiones también le afecta a los conductores del servicio de transporte público en la ciudad, en el mismo sector uno de los conductores, que por miedo no reveló su nombre, reconoció que cada día deben pagarle al combo $35.000 para poder circular. Lo que significa para cada bus un pago mensual equivalente a 1 millón de pesos.

Además los camiones repartidores de lácteos, gaseosas, arepas, pan y demás productos de la canasta familiar, también deben pagar el “peaje” para poder surtir con sus productos las tiendas y minimercados de la zona.

Germán Darío Valencia, investigador, profesor de Estudios Políticos en la Universidad de Antioquia y autor del libro “Economía, rentas criminales y políticas públicas de Medellín”, explicó que el fenómeno de extorsión se basa en que los combos actúan como empresas ilegales, por lo que siempre están buscando aumentar sus ingresos y ganancias.

“Ellos tienen asiento en un territorio pero ahora dada la globalización, que no son territorios cerrados sino abiertos, con el uso de la tecnología, esas rentas pueden ser logradas por grupos que no tienen necesariamente un asiento en el territorio sino que están en muchos lugares, por lo tanto hay una diversidad muy amplia”, aclaró el experto.

Valencia explicó que dentro de las rentas criminales existen las que son “criminales y perseguidas” como la trata de personas, el tráfico de órganos, la explotación sexual de niños y adolescentes, así como la comercialización de algunas drogas que no son permitidas. Sin embargo, dijo que existen otras que son “toleradas socialmente”.

“Dentro de la extorsión hay niveles que son tolerables socialmente y hay otros que no lo son, dadas las dimensiones que se tienen. Hay grados distintos en donde se convierten las extorsiones en un crimen, por lo que son atacadas y repudiadas socialmente; y otras, que son rentas que consideran que se acercan a lo tolerable, por lo tanto la gente las acepta y las toma como si fuera algo natural”, comentó el profesor.

Es entonces cuando muchos aceptan la extorsión porque la pueden pagar y es aceptada e incluida como un compromiso más. “Muchos asumen que se hace un pago como por un servicio, aunque también depende de quién se lo cobre y cómo se lo cobre”, agregó Valencia.

Según el experto esta situación en Medellín se ha presentado desde los años 70, cuando una gran cantidad de grupos ilegales llegaron al territorio, grupos que durante las últimas décadas se han reconfigurado o han tomado distintos nombres, pero que para poder mantenerse recurren a diversas formas como los atracos, el robo a grandes entidades, el sicariato, ‘las vacunas’ a los carros que venden productos o los mismos productos para exigir porcentajes sobre las ventas y a la extorsión.

Sobre este tema Claudia Carrasquilla, directora Seccional de Fiscalías en Medellín, indicó que se han dispuestos fiscales que trabajan con el Gaula de la Policía Nacional como con el Guala del Ejército para combatir los delitos de extorsión que es uno de los delitos que más afecta a la ciudad de Medellín.

“Sabemos que la extorsión está ligada a una organización delincuencial, aquí nadie cobra la extorsión a nombre propio sino que es porque pertenece a una estructura ilegal. Por esa razón la estrategia es atacar desde investigaciones estructurales”, afirmó Carrasquilla.

Ante la falta de denuncia por parte de la ciudadanía, la Fiscalía en muchas oportunidades debe iniciar los procesos de investigación de oficio, para poder establecer las estructuras criminales que están detrás de las extorsiones.

El miedo de las víctimas a denunciar siempre es el principal obstáculo con el que se enfrentan las autoridades para poder adelantar los procesos correspondientes. “De hecho nosotros tenemos una dificultad para adelantar esas investigaciones, precisamente porque no encontramos víctimas y las personas no se atreven a declarar ni a denunciar”, reveló la directora.

Con respecto a los pagos que deben hacer los conductores de las compañías de transporte público, Carrasquilla agregó que esas investigaciones se han adelantado de oficio porque “los empresarios o propietarios de las empresas de transporte no se atreven a formular la denuncia”.

La directora comentó una experiencia que vivió hace tres años cuando en medio de una investigación contra una estructura delincuencial en el municipio de Itagüí, “una vez se ejecutó la captura de las personas que realizaban el cobro extorsivo, muchas de ellas se fueron a juicio y ningún conductor, ni ningún propietario de bus, ni ningún empresario fue capaz de declarar en el juicio oral y reconocer que en efecto ellos tenían que pagar el cobro extorsivo. Entonces, pesa más el temor que realmente lo que ellos vienen siendo afectados”.

Según Carrasquilla dentro de los sectores en los que mayor incidencia tiene la extorsión está el municipio de Itagüí, Caicedo y Castilla.

“Lo que falta es cultura de denuncia y perder el miedo a hacerlo” Claudia Carrasquilla, directora Seccional de Fiscalías de Medellín.

“Lo que falta es cultura de denuncia y perder el miedo a hacerlo”, esa es la principal conclusión de Carrasquilla y aclaró que para la institución es muy difícil contar con el elemento material probatorio que permita determinar la ocurrencia del hecho si las personas no denuncian.

Para acabar con la extorsión la directora reitera que las personas “deben dejar el miedo y denunciar cada hecho delictivo que se les presenta, cada cobro extorsivo que les hacen porque ellos saben quiénes son los que les están cobrando la extorsión y conocen la gente en el barrio que hace parte de la organización. Nosotros lo iniciamos de oficio pero también necesitamos el apoyo de la comunidad”.

El Mayor, Howard Sierra Meza, Comandante del Gaula de la Policía de Medellín, se refirió al tema de la extorsión indicando que el Gaula es el grupo especializado para investigar y establecer las estrategias en conjunto con la Fiscalía General de la Nación.

“Se investiga la estructura criminal, no solamente es la captura en flagrancia de la persona que va a recoger el dinero, sino que hacemos un trabajo donde se identifica, se individualiza y se judicializa esas cabezas visibles y a los actores intelectuales”, explicó el comandante.

El Mayor Sierra dice que la institución es consciente que a la ciudadanía le da temor denunciar cuando es víctima de extorsión, por lo que se han creado campañas, como “Yo no pago, yo denuncio”, para lograr que las personas entren en conciencia, informen y denuncien.

“Muchas veces tenemos conocimiento que la ciudadanía cuando es víctima no sabe a dónde ir, entonces es dejarles claro que existe el Gaula y el número 165 que presta asistencia 24 horas para las personas que lo requieran”, indicó el comandante.

Según el Gaula de la Policía en Medellín, en el Valle de Aburrá se encuentran operando 10 Odines, 89 bandas que dependen de esas Odines y aparte 10 estructuras más, que no dependen de las Odines pero que tienen poder en la capital antioqueña.

“Durante este año se han realizado 6 operaciones de las cuales nos han arrojado unos resultados de 138 capturas versus el 2016 que a la misma fecha llevamos 92. De las 138, 104 han sido por procesos judiciales que se han adelantado con la Fiscalía, versus 58 del año pasado. Con respecto a la flagrancia llevamos 34 la misma cantidad del año pasado”, informó el Mayor Sierra.

Actualmente en Medellín la Policía Nacional a través de un grupo de investigadores del Gaula de la Policía y de la Dirección antisecuestro está adelantando un estudio del fenómeno de la extorsión en la capital antioqueña denominado “Estudio fenomenológico de la extorsión en Colombia, amenazas, riesgos y desafíos de la Policía Nacional en el postacuerdo”.

“Son 10 investigadores que en conjunto con unas universidades de Medellín están haciendo un análisis de la problemática desde varias ópticas, desde la víctima, el victimario, la percepción que tiene la ciudadanía y las personalidades. Con ese estudio se podrá establecer por qué la ciudadanía no denuncia, por qué una persona se vuelve delincuente y posiblemente podremos establece qué otros sectores están siendo víctimas de extorsión que como institución desconocemos”, informó el comandante.

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*Nombre cambiado por seguridad.

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