Alerta Roja por hacinamiento en cárceles y estaciones de Policía en Medellín

Las autoridades le exigen al Gobierno Nacional que actúe con prontitud para acabar con la crisis que se vive en las cárceles de la ciudad y del departamento.

Por Ariadne Agamez Lombana

La calidad de la seguridad de la ciudad y el departamento, la atención a los condenados y a los sindicados que se encuentran en los centros de reclusión está en un punto crítico debido al grave hacinamiento que afecta tanto a las cárceles como a las estaciones de Policía de la ciudad y del departamento.

Estado de las cárceles

En la última carta que el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le envió al Presidente Juan Manuel Santos, le informa la situación actual de las cárceles y estaciones de Policía que presentan un alarmante hacinamiento de reclusos que han sido condenados y sindicados en la ciudad.

A la fecha el centro Penitenciario Bellavista tiene 3692 condenados y 1450 sindicados para un total de 5142 reclusos en un establecimiento carcelario que fue diseñado para atender 2424 personas, lo que significa que tiene un hacinamiento del 112%.

En el Pedregal Hombres se encuentran recluidos 1150 condenados y 883 sindicados, para un total de 2033 reclusos en un establecimiento diseñado para 1129 personas, lo que representa un 80% de hacinamiento.

En el Pedregal Mujeres se encuentran 960 condenadas y 310 sindicadas, para un total de 1270 reclusas cuando este establecimiento es para 1316 sindicadas más no condenadas.

Las Estaciones de Policía que se encuentran en cada una de las comunas de la ciudad experimentan una situación muy parecida, ya que están manteniendo reclusos a cientos de condenados y sindicados, cuando esta no es su obligación.

Hasta el 6 de diciembre de 2016 se tenían 401 sindicados y 50 condenados, para un total de 451 reclusos en las estaciones de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, además de los 70 que se encuentran en los calabozos de la Fiscalía.

En la misiva el Alcalde le dice al Presidente que “como Alcaldía hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para trabajar por la mejora de las condiciones de los centros penitenciarios que prestan servicio en Medellín, así como por la población carcelaria que allí se encuentra con una inversión que supera los 4.225 millones para el 2016. No obstante las dificultades siguen presentes y el peligro que ello implica pone a la administración municipal en una situación que se sale de nuestras manos”.

Mario Montoya, Personero auxiliar de Medellín, explicó que la situación en las cárceles se encuentra en alerta máxima y se ha determinado la creación de una mesa de trabajo para el manejo que se requiere.

“Los establecimientos ya no tienen capacidad, este es un problema que ya viene de tiempo atrás y estamos llegando a un momento coyuntural porque, incluso, la misma Procuraduría y los mismos jueces han estado tomando decisiones que de alguna u otra manera pueden afectar toda la parte administrativa”, explicó Montoya.

El funcionario reveló que durante la última reunión se analizaron los 22 centros carcelarios que se encuentran en el departamento y se concluyó que todos presentan el mismo panorama.

“Todos están en hacinamiento, tienen faltantes de infraestructura, fallas en el tema de salud y un tratamiento poco humanitario para todas las personas que se encuentran privadas de la libertad. Se le hace un llamado al Ministerio para que se tomen las medidas y por esto se decidió crear una mesa de trabajo en el Área Metropolitana con el fin de jalonar ante el Gobierno Nacional este tema porque las preocupaciones son altísimas”, expresó el Procurador auxiliar.

El funcionario explicó que desde el Ministerio Público se ha insistido en que los jueces analicen las conductas que ameritan la privación de la libertad y aquellas que no, para que se pueda imponer una medida sustitutiva.

Soluciones para el 2017

La Secretaria de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, dijo que en el departamento se ha venido adelantando un trabajo exhaustivo para poder contrarrestar la problemática carcelaria que se tiene en el departamento y han concluido que todas las cárceles están mezcladas, en todas hay tanto condenados como sindicados y que eso genera un problema más grave.

“Nosotros tenemos capacidad para 7850 personas en nuestras cárceles y hoy tenemos 16500, eso desborda la capacidad. Hay pico placa para poder dormir y ocupar los espacios comunes, la situación es muy grave. También tenemos saturados todos los calabozos de los comandos de Policía”, informó la Secretaria de Gobierno.

Otro aspecto que explicó Ramírez que agrava la situación en los centros penitenciarios es que los guardianes de las cárceles, en la medida en que sea más grande el establecimiento público, piden una sobreremuneración y bonificación por el salario, y su forma de contrarrestar la situación es no dejando ingresar ni salir a los reclusos.

“Para contrarrestar este hecho estamos haciendo una innovación y creando las APP, cárceles construidas por el sector privado donde a ellos se les da largo tiempo, tal vez 20 años, como si fuera una concesión. Tenemos un proceso piloto, que el Ministerio está acompañando en el municipio de Uramita, ya se tiene el terreno y se está haciendo la propuesta con el sector privado para financiarlo”, agregó Ramírez.

Como parte de la solución la Gobernación de Antioquia le está presentando una estrategia al Gobierno Nacional que consiste en la creación de granjas por delitos en forma diferencial.

“Esto quiere decir que no estén personas de alta problemática de incidencia del crimen con un padre que esté por inasistencia alimentaria, entonces queremos crear unas granjas que se diferencien por tipo de crimen, que en unas estén los de inasistencia alimentaria, en otra los de violencia intrafamiliar, en otra los de microtráfico,(…)  que se diferencien y se puedan organizar, estableciendo con la Fiscalía, el Inpec y la Uspec un manejo con estos en donde la vigilancia sea privada y que los concesionados administren todo el sistema y que la Fiscalía sea flexible para que en el momento de definir las medidas sean estas granjas las elegidas”, explicó la Secretaria.

La propuesta incluye que estas granjas sean ubicadas en las fincas a las que se les ha aplicado la extinción del derecho de dominio por estupefacientes, de las que por ahora se podrían vincular a esta propuesta cinco a nivel regional.

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