“El informe fue presentado por un Ingeniero de la Universidad, nos dijeron lo que ya sabíamos, que sale muy costoso volver a construir las viviendas, que tienen que cavar ocho metros de profundidad para poder encontrar terreno apto para la construcción. Nosotros como comunidad pedimos que nos vuelvan a construir nuestras casas” afirmó Lucero Bustamante, habitante del barrio San Luis desde hace 18 años y afectada por la obra del Tranvía de Ayacucho.
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Según Bustamante, el Metro de Medellín contrató a la Universidad Nacional para realizar el estudio del terreno por los daños que presentaban las viviendas posterior a la obra.
“Ellos no nos presentaron propuestas concretas, hablaron de una vez fue de comprar pero no ofrecieron a cómo el metro cuadrado. El señor representante del Metro, dijo que ellos estaban ahí para dar la cara. El informe demuestra que fue de forma irresponsable que construyeron el tranvía” agregó Bustamante.
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Aunque el documento indica que hay manzanas en las que las viviendas representan un peligro y no pueden ser habitadas, algunos de los propietarios no están dispuestos a vender, porque son inmuebles cercanos a los 100 metros cuadrados, ubicados muy cerca del centro de Medellín, estrato 3 y dicen que en la ciudad no hay otro sector parecido a ese.
“No es por la plata, es que nosotros no queremos plata, al menos yo; queremos quedarnos en la casa en donde estábamos viviendo” dijo Bustamante.
La concejal por el Polo Democrático, Luz María Múnera, dijo que “una de las conclusiones es que 188 viviendas tienen que tener desalojo definitivo, unas de ellas ya están desalojadas y otras no, pero se dice que no es posible recuperar ese territorio. Habrá que esperar cuáles son las propuestas que tiene el Metro para hacer frente a esto, qué es lo que le va a proponer a los habitantes y cómo se va a hacer”.
Además del presupuesto que se requiere para dar una solución a la problemática, que es preocupante, también hay otros aspectos que se deben considerar, sobre todo porque el informe indica que se podían identificar los efectos sobre las propiedades.
“Una de las conclusiones del informe es que se pudo prever el daño que se estaba ocasionando, esto quiere decir que hay una mayor culpabilidad del Metro; habrá que mirar el contratista cómo va a responder por estos daños o si va a ser solo el municipio de Medellín quien responda” dijo Múnera.
La concejal indicó que hay mucha angustia por parte de la población, porque no es fácil para la gente saber que sus casas, el ahorro de toda su vida, ya hoy no sirve, ya hoy no tiene posibilidades.
“Hay muchas dificultades, primero, seguimos con el cuento que hacemos obras de infraestructura, como la obra del tranvía, y no la disfrutan los habitantes que pagan todo el costo; hoy más del 80% de los comerciantes de Ayacucho se fueron quebrados, hoy tenemos a otros comerciantes ahí disfrutando una obra que se sufrieron otros y así con muchas viviendas y muchas cosas” indicó la concejal.
La problemática hoy está en que “estas eran casas que la obra no las necesitaba y que frente a la situación de Medellín la gente no quiere dejar de vivir a diez minutos del centro; esta es una comuna muy bien ubicada y no quieren dejar de vivir en casa, que son bastante grandes” agregó Múnera.
El Metro responde
Por su parte Jorge Mario Tobón, Gerente social y de servicio al cliente y coordinador del proyecto Tranvía dijo que “hay que aclarar que esta situación que se ha presentado tiene múltiples causas, algunas asociadas a temas preexistentes, relacionadas con la calidad del terreno, con la misma condición o construcción de las viviendas y con el hecho, inclusive, que algunas aguas que existían algunos años fueron cubiertas en forma que no es técnica y construyeron encima las viviendas; eso acompañado a que se ejecutaron unas obras, nos lleva a esta situación”.
Dijo que lo que está asumiendo el Metro junto con el Municipio y como Estado en general, es una posición de solución a la problemática de forma responsable.
Según el Informe, “hay 75 viviendas a las que se le van a realizar visitas técnicas para programar la solución y reestablecer sus condiciones originales, estimamos que en un plazo de 6 meses estas viviendas serán reparadas. Se abrió un punto de atención a la comunidad para que estos 15 días se planifiquen las visitas” indicó Tobón.
“Son 174 viviendas que deben ser evacuadas, ese informe fue transmitido por la misma Universidad Nacional a Dagrd con una solicitud de evacuación de estas viviendas. Estas viviendas serán adquiridas. Isvimed será quien haga toda la gestión de los avalúos, negociación, escrituración, recepción de las viviendas y estimamos que eso esté en 8 o 9 meses” indicó el Gerente Social.
Tobón enfatizó en que tienen claro que mitigar la situación era ‘realmente imposible’ y que la percepción que tienen de la comunidad es que la gran mayoría tienen disposición en lograr un buen acuerdo.
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