La cifra
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ataques de todo tipo, perpetrados por las Farc, se han presentado desde el pasado 22 de mayo, día en que se rompió el cese al fuego unilateral de la guerrilla, según registros del Centro para el Análisis de Conflictos, Cerac.
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“Por favor no más, señores de las Farc”, dijo este lunes Jimmy Díaz Burbano, gobernador de Putumayo, uno de los departamentos que más ha sufrido la escalada del conflicto en el país luego de que la guerrilla suspendiera la tregua unilateral el pasado 22 de mayo.
“Por favor”, pidió reiteradamente ante los medios de comunicación luego de que durante la madrugada las Farc volaran un tramo del oleoducto Mansoya-Orito OMO, provocando nuevo derrame de petróleo en Puerto Asís y dejando a una persona herida.
El nuevo ataque se suma a 16 más contra la industria petrolera que se han producido principalmente en ese departamento, pero que también han ocurrido en Nariño y Norte de Santander.
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El de Nariño, perpetrado contra el oleoducto Trasandino, de hecho, ha ocasionado lo que ha sido catalogado como la mayor tragedia ambiental en los últimos diez años en el país, pues hizo que cerca de 410 mil galones de petróleo recorrieran el río Mira y llegaran hasta el océano Pacífico, a la bahía de Tumaco, en un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia.
Hasta las Farc tuvieron que reconocer la gravedad del asunto, aunque se libraron de responsabilidad alguna diciendo que las acusaciones en su contra carecían de franqueza, que no se enorgullecían de los daños ambientales generados por su accionar, pero que era culpa de la confrontación armada que hay en el país y que se mantiene solo porque el Gobierno se ha negado a pactar un cese bilateral.
Pese a esa posición, lo cierto es que la arremetida guerrillera contra la infraestructura petrolera en el país está calando profundo y afectando a cientos de miles de civiles.
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Los 17 ataques contra oleoductos perpetrados en el último mes, sobre todo en el suroccidente colombiano, según reportes gubernamentales, ya han afectado a más de 500.000 personas.
Solo en Nariño se cuentan cerca de 160.000 que se encuentran sin agua potable y que, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, no podrán contar con el servicio al menos hasta agosto. Al menos 1000 indígenas Awá están entre el grupo de damnificados también.
A los ataques explosivos contra los oleoductos, además, se suma la interceptación de carrotanques y la amenaza a conductores y operarios para que derramen el crudo en distintas zonas del país, así como los ataques a la infraestructura energética que, según reportes de la Defensoría del Pueblo, llevan a más de un millón la cifra de civiles afectados por el accionar guerrillero en las últimas cinco semanas.
Estos atentados llevaron a que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), le pidiera a la guerrilla cesar los ataques y pasar de las palabras a los verdaderos gestos de paz.
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“La voluntad de paz debe ir más allá de las simples palabras y pronunciamientos, para convertirse en verdaderos actos de reconciliación”, indicaron en una carta dada a conocer este fin de semana. Y agregan que atentados como el ocurrido contra el oleoducto TransAndino, es una actuación “contrarias a los gestos de paz tan necesarios para la construcción de una salida política al conflicto”, y “no solo golpean de manera negativa la vida cotidiana de cientos de miles de compatriotas, sino que además dificultan y ensombrecen el desarrollo de nuestra nación”.
Los empresarios también dieron a entender que si esta oleada de ataques contra oleoductos continúa podría afectar seriamente la producción petrolera del país y hasta podría acarrear problemas de cumplimiento de compromisos de exportación.
Las pérdidas económicas por los recientes ataques no se han calculado con precisión, pero se habla, al menos, de 1.500 millones de pesos diarios.