El Alto Tribunal tomó la decisión de sepultar la posibilidad de convocatoria a las urnas a los bogotanos para definir el futuro de Petro, teniendo en cuenta que se hace innecesario llevar a los capitalinos a las urnas a tan sólo dos meses de terminar el periodo del alcalde. Esto teniendo en cuenta la consulta popular se tendría que hacer en octubre próximo.
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Otro de los argumentos que se tuvieron en cuenta para frenar la consulta es que, según la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana (que espera de la firma del presidente para entrar en vigencia), ningún alcalde o gobernador puede ser revocado de su mandato a falta de un año para la finalización de su periodo.
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Según los datos entregados por la Registraduría la revocatoria habría necesitado recursos por más de 40.000 millones de pesos, adicionalmente, se tendrían que garantizar cerca de 1.250.000 sufragantes para calificarse como válida o si no sería una pérdida económica para el país.
