«La muerte de diez personas privadas de la libertad en la cárcel Modelo de Barranquilla y más de 40 heridos me duele porque son seres humanos. Le he dicho muchas veces al ministro de Justicia (…) que el hacinamiento carcelario es una bomba de tiempo, y es una violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad», afirmó el vicepresidente Angelino Garzón.
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Su posición la comparte la representante Ángela Robledo, quien denunció que en las cárceles se violan permanentemente todos los derechos humanos de ciudadanos que ingresan al sistema penal sin ninguna esperanza de reconstruir su vida y resocializarse.
El general Saúl Torres, director del Inpec, reconoce como una de las múltiples causas del hacinamiento, «la ausencia de una política criminal clara. Todavía seguimos teniendo una población fundamentalmente en detención preventiva, a quienes no se les ha condenado aún».
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Y aunque se plantea como alternativa a la crisis, la implementación de la reforma al Código Penitenciario, para muchos no es la salida.
Para la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), «el proyecto omitió ciertos ajustes necesarios para el sistema, entre ellos la definición del término máximo que debe transcurrir entre la presentación del escrito de acusación y la audiencia de acusación para que proceda la libertad de las personas cobijadas con detención preventiva».
Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, consideró que «hemos dicho que si bien el Gobierno Nacional y el Congreso adoptaron algunas medidas, esta no es la solución definitiva. La reforma que estamos poniendo en vigencia va a generar algún deshacinamiento, pero que quede claro que esto no va a solucionar la grave problemática que tienen las cárceles». Dijo que el hacinamiento ronda el 58 por ciento.
Según datos de la Fiscalía, el problema se presenta en casi todas las ciudades, «por ejemplo, en la Modelo de Bogotá hay capacidad para, alrededor, de 2.000 personas y tiene más de 7.000. Eso sin contar la población de los fines de semana cuando se realizan las visitas. Si por cada interno hay tres personas, habría alrededor de 20.000 personas en la cárcel durante el fin de semana», explicó Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal general.
Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia, le aseguró a Colprensa que su propósito es que al finalizar este año el hacinamiento carcelario sea cosa del pasado. Para lograr ese cometido confía en los efectos del desarrollo del nuevo código penitenciario, en la apertura de nuevos cupos y en la flexibilización del régimen de beneficios para los internos, cuyos efectos aún no se evidencian
JALÓN DE OREJAS DE LA CORTE SUPREMA
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo un fuerte llamado de atención al Ministerio de Justicia y al Congreso de la República por la crisis carcelaria que vive el país.
El «jalón de orejas» de la Corte incluye una exhortación a dichas entidades para que cuando se hagan reformas legislativas, se «tomen también la precaución de respaldar económicamente las consecuencias que generan tales medidas sobre el aumento en la población carcelaria».
Esto, en el entendido de que de acuerdo con la jurisprudencia internacional, «sólo puede someterse a una persona a reclusión si se le aseguran unas condiciones dignas, de acuerdo a los estándares indicados (…) este tipo de estudios previos, si bien no es obligatorio, resulta conveniente y en tal sentido ha sido impulsado por la doctrina y la legislación extranjera», señaló la Sala.
«Para la Sala, no existe duda sobre la situación de indignidad en la que se encuentran, pues así se puede establecer de lo informado por la Defensoría del Pueblo y del registro fotográfico que aquella aportó en donde se observa cómo, por ejemplo, los internos duermen en los pasillos del centro de reclusión, el cual, además, «se encuentra invadido por ratas», señaló la Corte.
La Corte Suprema protegió los derechos de los internos de la Cárcel de Santa Marta y por eso ordenó al Minjusticia y al Inpec que mejoren sus condiciones, remodelando la cárcel actual o construyendo una nueva y, además, que se separen los sindicados de los condenados.
Ambas entidades tienen un plazo de dos meses para establecer un plan de trabajo e iniciar las gestiones presupuestales y administrativas necesarias tendientes a mejorar, reubicar o si es del caso incrementar el cupo penitenciario.
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