Santiago de Chile, 19 dic (EFE).- Chile impulsa en Argentina acciones judiciales para lograr la extradición del exguerrillero Sergio Galvarino Apablaza, acusado de haber participado en el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán en 1991, dijo hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno.
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Galvarino Apablaza, un antiguo dirigente del ultraizquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), asesinó el 1 de abril de 1991 en Santiago al senador Jaime Guzmán, líder y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet.
La Justicia argentina aprobó la extradición de Apablaza, pero en septiembre de 2010 un organismo administrativo le otorgó la condición de refugiado político, lo que paralizó su entrega a la Justicia chilena.
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Al presentar la cuenta pública 2011 de su Ministerio, en el Palacio de la Moneda, Moreno destacó que el caso Apablaza «es la única diferencia» existente entre ambos países y subrayó que con Argentina tienen las «mejores relaciones».
«No quisiera dejar pasar la única diferencia que hemos tenido con Argentina, con quien tenemos las mejores relaciones. Ha sido el tema del señor Apablaza de quien se había aprobado una extradición, pero sin embargo se le dio la condición de refugiado», precisó.
Añadió que más allá lo que haga la UDI, que integra la coalición gobernante en Chile y la familia del senador Guzmán, el Gobierno chileno ha presentado en Argentina «todas las reclamaciones administrativas correspondientes».
«Como eso no dio resultado, estamos desarrollando una acción judicial en la propia Argentina, de acuerdo con las normas argentinas y de acuerdo a su propia legislación», dijo Moreno, que insistió en la necesidad de que Apablaza retorne a Chile.
«Como corresponde a una persona que es buscada por los tribunales de Chile por un delito cometido en Chile, es que finalmente venga a Chile y pueda responder por ello y, si es considerado culpable, cumpla la pena que le corresponde», concluyó.
El caso retomó actualidad el pasado viernes, cuando la presidenta Cristina Fernández anunció que Argentina pedirá la extradición del destituido juez Otilio Romano, vinculado a numerosas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983) y que hace algunos meses huyó desde su país hacia Chile.
El ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter, comentó a los periodistas ese día que «en Chile, las solicitudes de extradición no las resuelve el Poder Ejecutivo sino que las resuelven los tribunales de justicia».
La solicitud se resolverá «como corresponde, dentro del marco de la ley», dijo Hinzpeter al ser preguntado por el anuncio de la mandataria argentina.
Tras llegar a Chile, Romano solicitó el pasado septiembre la condición de refugiado político, lo que, de acuerdo a Ley de Protección al Refugiado, le permitió recibir una visa temporal de ocho meses, hasta que se defina su situación.
En Chile, como dijo Hinzpeter, la petición de extradición la resuelve la Justicia y la solicitud de refugio político la analiza en una comisión compuesta por funcionarios del Gobierno, que tiene solo carácter consultivo, puesto que la decisión final depende del subsecretario del Interior (Rodrigo Ubilla).
El presidente chileno, Sebastián Piñera, asistió recientemente a la toma de posesión del segundo mandato de Cristina Fernández, que a su vez visitará Chile el 25 y 26 de enero próximos para repasar la agenda bilateral junto a su homólogo chileno.